Ocho indígenas muertos en enfrentamientos por construcción de cementera en Guatemala

Autoridades guatelmaltecas informaron este sábado de la muerte de ocho indígenas tras un choque armado en una localidad al oeste de la capital, donde pobladores se enfrentan entre sí por la construcción de una carretera y una planta de cemento.

"Hay ocho fallecidos y estamos analizando las acciones que serán tomadas", dijo en rueda de prensa el ministro del Interior, Mauricio López, tras los enfrentamientos ocurridos desde la medianoche del viernes en una aldea del municipio de San Juan Sacatepéquez, unos 30 km al oeste de la capital.

De acuerdo con medios locales y activistas de derechos humanos, el choque armado ocurrió por conflictos entre pobladores debido al inicio de la habilitación de una carretera que atraviesa el poblado y la construcción de una planta cementera en el sector.

"Tenemos que tener mayor presencia en el área para recuperar el control", refirió el ministro del Interior guatemalteco, al indicar que se desplegaron 600 policías en la zona donde ocurrieron los incidentes.

Según un informe de la Fiscalía, tras una inspección en el lugar "encontraron" varias viviendas y cinco vehículos incendiados.

El viceministro del Interior, Eddy Juárez, explicó a periodistas que en los últimos días se agudizó el conflicto porque "algunos comunitarios (contra la cementera) están obligando a abandonar sus casas" a otros pobladores que se han mostrado a favor de la planta y vendieron unos terrenos para la carretera.

El dirigente campesino, Daniel Pascual, explicó que tienen conocimiento de que varios hombres armados dispararon contra pobladores que se oponen a ambos proyectos y señalaron a algunos de los agresores como empleados de la cementera.

"Fuimos informados por autoridades comunitarias sobre la presencia de gente armada y algunos fueron identificados como trabajadores de la empresa" que construye la planta de cemento, indicó Pascual.

La firma guatemalteca Cementos Progreso inició en julio de 2013 las obras para construir una moderna planta en la finca San Gabriel, con una inversión de 720 millones de dólares, y se prevé que se pondrá en funcionamiento en 2017.

Sin embargo, el proyecto ha dividido a los pobladores entre quienes apoyan a la empresa y los que aseguran que afectará los mantos acuíferos y causará otros daños ambientales.