Acuerdo con oposición devuelve "dientes" a proyecto contra fraude fiscal y avanza al plenario​

Tras cerca de dos años de discusión, un acuerdo entre el gobierno y los diputados de oposición permitió al proyecto de Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal recuperar "los dientes" perdidos esta semana con varias mociones y avanzar en su trámite en el Congreso.

Con nueve votos a favor y solo el del libertario Otto Guevara en contra, la iniciativa que permite a la Administración Tributaria crear un registro de accionistas se dictaminó la tarde de este miércoles en la Comisión de Asuntos Hacendarios, con lo cual podrá ahora seguir su trámite en el plenario.

Su principal punto de discrepancia fue precisamente sobre quién se considerará como el beneficiario final de una empresa dentro de ese registro de accionistas.

Serán aquellos que cumplan con alguno de estos cuatro perfiles: los que tengan derecho mayoritario de los votos dentro de la empresa, quienes tengan capacidad para "nombrar y remover los órganos de administración, supervisión y dirección", los responsables legales de la estructura jurídica, y quienes tengan al menos un 15 por ciento de participación accionaria dentro de la firma, explicó el director de Tributación Directa, Carlos Vargas.

La discusión en este punto había estado basada en que la redacción del texto de oposición podía ser malinterpretada porque decía "y", es decir que quienes podrían ser investigados por Tributación Directa tenían que cumplir con los cuatro perfiles en conjunto.

Sin embargo, una moción presentada por el PAC y el Frente Amplio y aprobada por la comisión permitió sustituir la "y" por una "o" de tal manera que cualquiera de los cuatro perfiles aplicará.

Responsabilidades

La responsabilidad que tendrían los asesores tributarios o terceros era otro de los puntos de controversia. El acuerdo al que se llegó fue que serán considerados todos aquellos "solidariamente responsables" sobre la veracidad y exactitud de la declaración de impuestos.

Además, de no llegarse a determinar el beneficiario real de la empresa la responsabilidad recaerá sobre el administrador tributario.

Se incluyó también el aspecto de"medida provisionalísima", que será un embargo administrativo preventivo que un juez podrá emitir. Este, tendrá cinco días para dar audiencia al contribuyente y cinco para resolver.

La oposición en este punto planteaba que fueran al menos 20 días y hablaba de la posibilidad de embargo preventivo que es para Hacienda "lo más importante", según lo afirmó Vargas.

Vargas explicó que después de que la Administración Tributaria determine qué tipo de irregularidad hubo en la declaración de impuestos, las multas pueden ir desde la mitad de lo que evadió hasta un 150 por ciento más.

Acceso

La iniciativa de ley también le da herramientas al Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) para que acceda a la información del registro de accionistas que, en caso de considerarlo pertinente, se la solicitará al Banco Central de Costa Rica (BCCR) que será el organismo que tendrá en cautela dicha información.

"Aprobar esta iniciativa fortalecerá la imagen del país a nivel mundial por que se van a controlar todas las sociedades que quieran cometer actos relacionados con el crimen organizado", sostuvo el director del Instituto Guillermo Araya.

Agregó que tal y como se dictaminó el texto Costa Rica puede quedar fuera de la lista de gris de países no cooperantes del Grupo de Acción Financiera (GAFI).