Análisis de marco jurídico para aplicar FIV a seis parejas estará listo esta semana, prevé CCSS

​Institución debe definir si el procedimiento se lleva a cabo en el país o si se debe recurrir a otra alternativa

09/02/16 | 13:19pm

Esta semana el equipo de abogados de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) concluirá el análisis del marco jurídico para la aplicación de la Fecundación In Vitro (FIV) a seis parejas, tal y como ordenó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por medio de una medida cautelar el jueves anterior.

Presidenta de la CCSS, maría del Rocío Sáenz

Así lo prevé la presidenta ejecutiva de esta institución, María del Rocío Sáenz, quien además señaló que sin esa revisión no tienen las herramientas legales para implementar la técnica de reproducción asistida.

La jerarca detalló que dado que no existe una legislación que regule la FIV en Costa Rica no tienen definido cómo proceder con el mandato de la CIDH.

PRESIDENTA DE LA CCSS, MARÍA DEL ROCÍO SÁENZ

Este marco jurídico determinaría, entre otros aspectos, si es la CCSS la que debe correr con los gastos y la aplicación de la técnica o recurrir a otros mecanismos.

El análisis de la institución debe ser concensuado con los organismos diplomáticos que participan de los procesos ante la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

La medida cautelar se extendió después de la nueva denuncia interpuesta por las seis parejas, la cual indicaba la urgencia que tenían para que la técnica les fuera aplicada.

Este caso fue elevado a juicio en instancias internacionales el pasado 18 de enero.

La discusión sobre la FIV en la Comisión tuvo origen en marzo de 2004 cuando esta entidad acogió la primera denuncia para estudio de un grupo de parejas costarricenses interesadas en la técnica.

En julio de 2011 elevó el caso a la Corte IDH. Este órgano, mediante sentencia del 28 de noviembre de 2012, le ordenó al Estado aplicar la FIV y establecer las regulaciones necesarias para permitir la técnica en el país.

Para cumplir con este mandato, el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, presentó un decreto ejecutivo en setiembre anterior para regular la técnica, sin embargo, la Sala Constitucional resolvió el pasado miércoles que es labor de los diputados y no del Poder Ejecutivo la normativa al respecto, trayéndose abajo el documento.

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