Víctimas de violación reciben tratamiento antirretroviral de la CCSS contra VIH

El cronómetro empieza a correr desde el momento del ataque. La ventana es de 72 horas para que las víctimas de violación inicien un tratamiento con fármacos antirretrovirales contra una posible infección del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) transmitida por su agresor.

La velocidad en la que ocurre el contagio de las células sanas con el virus es tal, que tras una agresión sexual, la medicación contra el VIH debe ser precoz, iniciándose idealmente en la primera hora siguiente y como período límite 72 horas después del ataque.

Así lo dispone el Protocolo Interinstitucional de Atención Integral a Víctimas de Violación Sexual, vigente en Costa Rica desde octubre de 2014, que mediante una alianza entre la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y el Poder Judicial habilitó el suministro gratuito de la medicación contra el virus por un período de corta duración (28 días).

"La evidencia ha demostrado que la profilaxis luego de una exposición, administrada antes de 72 horas y continuada por 28 días, puede reducir el riesgo de adquirir la infección por VIH", dice el Protocolo Interinstitucional, que incluye al servicio 9-1-1, a la Fuerza Pública, al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y al Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU). "Entre más pronto se inicie la terapia profiláctica, más probabilidad de interrumpir la infección sistémica", puntualiza.

Bajo este esquema, solo en los primeros cinco meses del año la Caja, responsable de evaluar el riesgo para la prescripción del tratamiento antirretroviral, lo prescribió a 98 víctimas de violación (un promedio de 20 al mes), de acuerdo con la coordinadora del Programa de Normalización del VIH y Enfermedades de Transmisión Sexual de esa institución, Gloria Terwes. Estas son las cifras más actuales disponibles.

Sin embargo, no todas las personas atacadas que acudan en la ventana de tiempo límite de 72 horas reciben los antirretrovirales. La prescripción depende de un algoritmo médico que determina si se está ante un caso de alto riesgo de transmisión del virus. Algunos de los criterios que se valoran son, por ejemplo, si el ofensor usó o no un condón, si hay traumas en el sitio de la penetración y si hubo eyaculaciones, si el o los atacantes son VIH positivos. Uno sólo de estos factores que se conteste positivamente transforma a la violación sexual en una de alto riesgo que requerirá medicación.

Procedimiento

El Protocolo de las 72 horas es un esquema de atención integral en el que participa un fiscal, un trabajador social, un policía judicial y un médico forense.

La finalidad del plan, además de prevenir el contagio de VIH-SIDA, es evitar la revictimización de las personas que sufrieron una violación y facilitar la investigación para atrapar al ofensor, todo esto en un periodo no mayor a tres días después del ataque.

Si una persona plantea una denuncia posterior a ese momento, también se le dará asistencia, pero no bajo el esquema del Protocolo, pues las circunstancias y variables son distintas, explicó la coordinadora del Programa de Equipos de Respuesta Rápida para la Atención de Víctimas de Violación del Poder Judicial, Jeannette Arias Meza.

El plan se aplica en 13 centros médicos públicos: Calderón Guardia, México, San Juan de Dios, Hospital Nacional de Niños, San Rafael de Alajuela, Heredia y Max Peralta de Cartago. También en Liberia, Nicoya, Puntarenas, Quepos, San Carlos y la clínica de Parrita. Antes de que finalice este año se extendería al Tony Facio de Limón y al Escalante Pradilla de Pérez Zeledón.

En el Poder Judicial, tanto en las fiscalías como en las delegaciones del Organismo de Investigación Judicial, el Protocolo también regula la atención de las víctimas de violación. Cuando éstas son valoradas inicialmente por sus servicios y funcionarios, se recurre a un médico forense que hace la evaluación del riesgo para determinar si requiere antirretrovirales; de ser así la paciente es trasladada a un hospital de la Caja.

Inicialmente los fármacos se prescriben en el Servicio de Emergencias por un lapso de cinco días, luego las entregas se hacen en la consulta externa hasta cumplir los 28 días que dura el tratamiento.

La doctora Terwes recalcó que si una víctima de violación acude por auxilio a un hospital en el que no se aplica el protocolo, allí harán las gestiones para desplazarla al centro médico más cercano en donde sí se le puedan dar todos los servicios del esquema de atención integral, entre ellos el tratamiento antirretroviral.

En contra de la revictimización

Jeannette Arias Meza detalló que el Protocolo nació de un proceso de dos años de diagnóstico y análisis para determinar cuáles eran los errores a la hora de atender a las víctimas y qué mejoras se requerían desde un enfoque humanitario y de respeto.

Por ejemplo, a la persona denunciante se le brinda contención psicológica y se evita que deba repetir una y otra vez la forma en que fue el ataque. Además agiliza los trámites, pues antes de la aplicación del Protocolo la víctima duraba hasta 14 horas en el proceso de denuncia (incluye atención médica, declaración, recolección de prueba y exámenes de laboratorio); ahora el tiempo máximo es de cinco horas.

También facilita la investigación para dar con el responsable, ya que el agente judicial integra el equipo de atención desde el inicio, maneja información clave más rápido y cuenta con el respaldo directo de profesionales de distintas ramas.

La violación sexual es un delito de acción pública perseguible solo a instancia privada, por lo que para que se investigue es imperativo una denuncia de la persona ofendida, a menos que la víctima sea menor de edad o hubiese sufrido una violación grupal, por ejemplo.

Pese a ello, Jeannette Arias recalcó que la persona que sufrió el hecho recibirá atención bajo el esquema del Protocolo haya o no puesto una denuncia formal.

Muchos casos, pocos datos

Cada año se plantean 1.578 denuncias ante el Ministerio Público por violación, ese es el promedio anual del periodo que va del 2011 al 2015 (registros más recientes).

Las cifras más actuales del Poder Judicial sobre víctimas de violación atendidas con el Protocolo de las 72 horas son también del 2015. En ese año se atendieron a 129 personas, de las cuales 120 fueron mujeres y el resto hombres. Del total de víctimas, 20 tenían 15 años o menos.

Arias explica que las cifras no son concluyentes pues existe un subregistro dado que muchas personas víctimas de violación prefieren callar antes de solicitar ayuda; temen represalias o ser estigmatizadas.

También, reconoció que hay errores y falta de compromiso de parte de algunos operarios judiciales para recabar la información y alimentar la estadística.

La funcionaria señaló que ha tenido que advertirle a los trabajadores de la entidad que en caso de no procesar los datos de la forma requerida acudirá a la inspección judicial para que se les abra una investigación que podría significarles una sanción disciplinaria.