Cinco exjefes de fracción del PAC y tres diputados del FA y PLN mantuvieron vivo plan que golpea IVM

Cinco exjefes de fracción de la bancada del Partido Acción Ciudadana (PAC) ayudaron a mantener vivo el proyecto de ley que pretende trasladar a un grupo de docentes del régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) al Magisterio Nacional, con el consecuente golpe que este movimiento puede traer a las finanzas del Estado.

AmeliaRueda.com revisó los 10 tomos del expediente 17.561 Reforma del Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional que se encuentra en trámite en la Comisión Plena I de la Asamblea Legislativa, a la espera de que los magistrados resuelvan una consulta de constitucionalidad para ser votado en segundo debate.

De la revisión del amplio expediente, se desprende que el proyecto de ley fue presentado por el exdiputado del PAC, José Rosales Obando, el 21 de octubre del 2009. El expediente se mantuvo en el orden del Congreso entre 2010 y 2015 gracias a mociones presentadas por los respectivos jefes de fracción de la ahora bancada oficialista.

A partir de 2015 las mociones para poner a despacho el proyecto –mantenerlo vivo y evitar su archivo- vinieron de los diputados del Frente Amplio, Gerardo Vargas Varela (2015) y Ligia Fallas (2017); y del legislador del Partido Liberación Nacional (PLN), Rolando González (2016).

La educadora y exdiputada liberacionista, Elibeth Venegas, también presentó mociones para mantener vigente el expediente en los años 2012 y 2013 a modo de respaldo, después de que se habían presentado las de los exjefes del PAC (en el trámite legislativo, para poner a despacho un proyecto de ley es válida y suficiente solo la primera moción, las restantes se consideran representativas).

Las mociones para poner a despacho un proyecto de ley se presentan una vez en el año legislativo con el fin de mantener el expediente en la agenda y evitar que se archive.

El controvertido proyecto de ley que ya fue aprobado en primer debate en la Comisión Plena I, el pasado 7 de junio, ha despertado posiciones encontradas de diversos sectores del país.

Por un lado el Ministerio de Hacienda, el gobierno y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aseguran que el traslado de un grupo de docentes puede tener un impacto negativo en las finanzas públicas y darle un duro golpe al régimen de pensiones IVM.

Mientras que representantes del sector educación y de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA), aseguran que el efecto en las finanzas públicas no será tan grande como el que señala el gobierno, y niegan que se vaya a dar un golpe al IVM.

El expediente 17.561 consta de diez tomos que recogen todo el trámite legislativo del proyecto de ley presentado en octubre del 2009.

Primeros años de vida

El padre del proyecto de ley es el economista, docente universitario y exdiputado del PAC por Guanacaste, José Rosales Obando, quien presentó la iniciativa en octubre del 2009.

Obando explicó en entrevista con AmeliaRueda.com, que el texto nació de un grupo de funcionarios del Magisterio Nacional que se habían trasladado en 1995 al IVM para cotizar menos a sus pensiones cada mes.

"Fueron motivados para trasladarse a la CCSS, para ellos pesó el tema de que la cuota (de cotización mensual) es más baja y algunas personas se trasladaron sin la debida información u orientación de parte de ambos regímenes. Entonces hubo un grupo de personas interesadas en ver cómo regresaban al Magisterio Nacional, conversaron conmigo y ahí fue donde fuimos elaborando el proyecto", explicó el exlegislador.

El economista aseguró que el proyecto de ley no tiene efectos negativos tan alarmistas como los que le acredita la CCSS y el gobierno a la iniciativa. "Yo sigo creyendo que ese efecto que se ha venido mencionando, pues no es tan válido, porque ésta gente viene cotizando para la CCSS y al ser trasladado hay un juego de compensación donde las partes asumen".

El exdiputado Rosales Obando dejó su curul el 1 de mayo del 2010, pero su proyecto de ley siguió vigente con el apoyo de los jefes de fracción del PAC.

Fue así como los exdiputados y jefes de fracción del PAC, Juan Carlos Mendoza (2010-2011), Manrique Oviedo (2011-2012), Yolanda Acuña (2012-2013) y Carmen Muñoz (2013-2014), presentaron mociones para poner el expediente a despacho y así mantenerlo vivo.

Acuña manifestó que estaba a favor del proyecto de ley porque buscaba ayudar a un grupo de educadores que querían regresar al régimen de pensiones del Magisterio.

"En ese momento nosotros éramos diputados de oposición, y realmente como una línea del partido no teníamos. Éramos una fracción muy independiente políticamente hablando. Cuando yo fui jefa de fracción por una petición de varios grupos organizados, solicitamos que se incluyera a despacho ese proyecto", apuntó Acuña.

La administradora y docente agregó que el proyecto le parecía “justo” para un sector de educadores que habían quedado fuera de la ley que en ese momento les permitía trasladarse al régimen del Magisterio Nacional.

Manrique Oviedo fue más cauto y dijo que la moción presentada por él en mayo del 2011, era parte de un grupo de proyectos de ley que, de acuerdo con los asesores, debían continuar su trámite en el Congreso.

"Esto corresponde a la dinámica, cuando se está en la Asamblea Legislativa hay que presentar o poner los proyectos a despacho porque de lo contrario se archivan, eso no significa que necesariamente uno conozca la integralidad del proyecto, son expedientes que se ponen a despacho para que continúen su discusión", precisó el exjefe de bancada.

Ni Acuña ni Oviedo aseguraron que el apoyo a este proyecto fuera una línea del partido, aunque se encontraba en la agenda de interés del PAC por ser una iniciativa que nació de un exdiputado de esa agrupación.

Este medio contactó a los exdiputados, Juan Carlos Mendoza (ahora Embajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas) y Carmen Muñoz (actualmente Viceministra de Gobernación y Policía), pero al cierre de este reportaje no respondieron las llamadas y mensajes enviados a sus teléfonos celulares. Ambos fueron jefes de fracción del PAC en distintos años del cuatrienio legislativo anterior. (Ver línea del tiempo abajo).

Con el cambio de diputados, el 1 de mayo del 2014, la nueva jefa de la bancada del PAC, Emilia Molina, replicó el comportamiento de sus cuatro antecesores y también presentó la moción para el periodo legislativo 2014-2015.

Molina señaló que la moción presentada por ella solo buscaba que el expediente continuara su trámite.

"Esa moción coincidentemente viene siendo reiterada porque nosotros siempre consideramos que el proyecto tenía que discutirse, y que para esa discusión teníamos que tener también todas las audiencias que se han tenido a lo largo de éste proyecto. Incluso éste proyecto fue presentado por un exdiputado de Acción Ciudadana, por eso en esa línea nosotros pedimos que el proyecto siguiera siendo discutido", dijo Molina.

La congresista quien fue parte de la Comisión Plena I en 2016, puntualizó que todavía existe una contradicción entre los datos presentados por el gobierno, la CCSS, Hacienda y el Magisterio Nacional, por lo que se requiere mayor claridad antes de aprobarlo como ley.

Apoyo desde otras curules

En 2015 ningún diputado del PAC trató de mantener vivo el proyecto de ley en la agenda legislativa. Ésta vez fue el legislador del Frente Amplio, Gerardo Vargas Varela. Lo mismo hizo su compañera de fracción Ligia Fallas en 2017.

Los legisladores frenteamplistas apoyan abiertamente el proyecto de ley -como una posición de la fracción- y lo consideran “justo” debido a que reconoce una serie de derechos para los educadores que se vieron afectados cuando decidieron cambiarse de régimen de pensiones en 1995.

El 15 de junio del 2016, el educador y diputado del PLN, Rolando González, presentó la moción para poner a despacho el expediente, pese a que su partido históricamente ejerció una fuerte oposición a la iniciativa.

González argumentó en entrevista con este medio, que siempre ha estado a favor de la iniciativa porque los datos técnicos de JUPEMA lo convencen más que las cifras ofrecidas por el gobierno, la CCSS y el Ministerio de Hacienda.

La exdiputada liberacionista y educadora, Elibeth Venegas, también presentó mociones en 2012 y 2013 para que el proyecto siguiera en la corriente legislativa y no se archivara.

Venegas incluso permitió que el proyecto continuara su trámite pese a que el gobierno de Laura Chinchilla se había manifestado en contra de la iniciativa bajo el argumento de que el traslado de docentes traería efectos negativos a la finanzas públicas y al IVM.

En los tomos I, II, III y IV del expediente consta una serie de documentos y cartas enviadas por el Ministerio de Hacienda y la CCSS, donde de forma reiterada estas instituciones manifiestan su oposición al proyecto de ley y explican con datos que el traslado de docentes del IVM al Magisterio provocaría problemas financieros de diversa índole. Estos escritos fueron enviados a la Asamblea Legislativa durante la administración Chinchilla Miranda.

La exdiputada del PLN, Siany Villalobos, encabezó un férrea oposición al proyecto de ley en el cuatrienio legislativo 2010-2014, enfrentando posiciones contra su compañera de bancada Elibeth Venegas.

Impulsora del proyecto en el PAC

La educadora y exdiputada del PAC, María Eugenia Venegas Renauld, tuvo un papel fundamental para que el proyecto de ley se dictaminara afirmativamente en la Comisión Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación de la Asamblea Legislativa.

El proyecto ingresó a esta comisión del Congreso el 6 de julio del 2010, según consta en el folio 24 del tomo I del expediente. Una vez allí, se formó una subcomisión integrada por los exdiputados Martín Monestel, del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE), Rodrigo Pinto, del PLN, y María Eugenia Venegas, del PAC.

El 23 de noviembre del 2010, Venegas presentó el informe de la subcomisión a los diputados que integraban la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación. Estos son extractos de las palabras de la exdiputada que constan en el acta de las sesión ordinaria número 22 de ese día:

"Entonces como fue un ambiente realmente muy desagradable, muy nefasto que nos dejó en gran vulnerabilidad. Una de las preguntas que yo hice es ¿a cuánta gente afecta esto? Porque hay que entender un poquito que el dato exacto nunca nos lo facilitaron, pero los números siempre rondaron entre 3.000 y 5.000 (personas que se podrían trasladar), unos decían 4.000, otros nos decían 3.000 y 5.000. Es decir, hay que entender que las personas que hicieron esto son las más viejas porque corresponde a los que estaban antes de la ley".

"Y si nosotros pensamos un poquito, y creo que lo podemos hacer, porque todos acá conocemos las condiciones del Magisterio, en la naturaleza de la disciplina, de la profesión, una profesión donde nos obligamos a trabajar con estudiantes, cada treinta, cuarenta, cincuenta minutos a lo largo de un montonazo de años, cosa que no le pasa a un oficinista, no le pasa a un médico (…), El Magisterio siempre está sometido a una gran cantidad de condiciones adversas, súmele condiciones de otro tipo que normalmente no son generalizadas”.

Acta de la sesión ordinaria número 22 del 23 de noviembre del 2010, día en que la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación dio aval positivo al proyecto. El texto es parte de la intervención de la exdiputada del PAC, María Eugenia Venegas.

Luego de esta argumentación la exdiputada Venegas pidió aprobar el expediente en comisión. Los legisladores le dieron dictamen positivo de forma unánime lo que le permitió pasar al plenario y donde fue asignado a la Comisión Plena I.

Venegas, quien actualmente ocupa el cargo de Embajadora de Costa Rica en México, respondió mediante correo electrónico a AmeliaRueda.com que efectivamente presentó una moción para poner a despacho el proyecto de ley en el 2010.

"Comprenderá que no tengo la precisión de cada uno de los momentos e intervenciones que hice, por ello, aunque tengo en mi recuerdo a grandes rasgos los elementos de mi apoyo al proyecto, hay asuntos que me parece importante poner adecuadamente como se dieron en la línea de tiempo, para responderle, por ejemplo, cuándo ingresaron los informes de Hacienda y de la CCSS, los diversos dictámenes que se dieron porque hubo propuestas vía mociones, algunas inquietudes que tuvimos respecto al número de personas en condición de afrontar un traslado, algunas informaciones que no obteníamos de JUPEMA, algunas reuniones con grupos de docentes sobre todo de las Universidades", indicó Venegas.

Moción presentada por la exdiputada María Eugenia Venegas el 19 de mayo del 2010 para que el proyecto se mantuviera vivo en el Congreso.

La exdiputada aseguró que enviaría respuestas más precisas a las consultas planteadas por este medio, una vez que reciba las actas del proyecto para actualizar el trámite y refrescar sus recuerdos sobre la actuación que tuvo cuando el expediente estuvo en la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación.

Venegas fue consultada sobre el impulso que le dio al proyecto que pretende beneficiar a un grupo de docentes, cuando ella ejerció como educadora antes de ocupar la diputación entre 2010 y 2014.

Futuro en manos de la Sala IV

Luego de que diez diputados de 14 presentes, aprobaron el proyecto de ley en primer debate el pasado 7 de junio. Las críticas del gobierno y la CCSS sobre los efectos negativos a la finanzas públicas condujeron a evidenciar que los datos de la discusión todavía son contradictorios para darle segundo debate a la iniciativa.

El 21 de junio del 2017, 22 diputados enviaron el proyecto de ley a una consulta facultativa de constitucionalidad ante la Sala IV, ahora los magistrados tienen 30 días para responder esa misiva.

Los diputados pidieron a la Sala IV declarar “inconstitucional” el proyecto de ley porque atenta contra el principio de autonomía de la CCSS, un tema que la misma institución ha señalado en diferentes documentos enviados al Congreso desde las primeras consultas en 2010.

Mientras se dilucida esta discusión constitucional, los diputados convocaron una mesa de diálogo en la Asamblea Legislativa para traer por cuarta vez a JUPEMA, la CCSS, el Ministerio de Hacienda y el Gobierno a que expongan sus datos con el fin de obtener mayor claridad sobre el tema.

El presidente de la Comisión Plena I, Juan Marín, aseguró que esta dinámica permitirá fortalecer la discusión porque no se dará en el marco de las sesiones de la comisión.

Marín no firmó la consulta enviada a la Sala Constitucional y celebró con los sindicatos del magisterio la aprobación del proyecto en primer debate el pasado 7 de junio. Bajo su presidencia, el proyecto fue aprobado en las primera sesiones de la Comisión Plena I del último año de esta legislatura.

El diputado del PLN y presidente de la Comisión Plena I, Juan Marín, celebra con dirigentes del Magisterio Nacional la aprobación en primer debate del proyecto de ley 17.561, el pasado miércoles 7 de junio del 2017.

Posiciones encontradas

El proyecto de ley abrirá una ventana legal para que entre 1.847 y 6.000 docentes, que en 1995 se pasaron a cotizaron al régimen IVM, se trasladen de nuevo al Magisterio Nacional. Este grupo de educadores se fue para el régimen del Seguro Social porque las cuotas mensuales que debían aportar eran menores cada mes que las de JUPEMA.

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, el impacto para el fisco sería de hasta ¢11.000 millones anuales, con un escenario mínimo de 1.847 personas, y de hasta ¢30.000 millones anuales, con un escenario máximo de 6.010 beneficiarios.

La CCSS también alertó que si se aprueba la ley y este grupo de personas se traslada de régimen de pensiones, la institución perderá de un solo golpe una suma cercana a los ¢52.000 millones, los cuales no tiene disponibles porque se trata de aportes de los docentes que se han utilizado para pagar jubilaciones a otras personas.

El director ejecutivo de JUPEMA, Roger Porras, aseguró que es falso que el traslado de un grupo de docentes del IVM al Magisterio vaya a generar un golpe a la CCSS. Además, señaló que el impacto en las finanzas públicas durante el primer quinquenio sería de ¢1.183 millones, y no de ¢30.000 millones anuales como señala Hacienda.