Concesionarios de Depósito Libre de Golfito desafiarán cierre anunciado por JUDESUR

​Directivo de Junta anunció cese de operaciones a partir del próximo viernes por falta de recursos

24/09/16 | 18:28pm

Las tiendas del Depósito Libre de Golfito desafiarán el cierre anunciado este viernes por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR), órgano que administra el centro comercial.

Así lo anunció este sábado la Asociación de Concesionarios del Depósito que sostiene que no hay, hasta el momento ningún acuerdo de la junta directiva de JUDESUR de realizar el cierre, a partir del 30 de setiembre, por falta de recursos; además cuestionan su potestad para hacerlo.

Este viernes, Carlos Murillo, director ejecutivo de la Junta indicó que el cierre es consecuencia de la nueva Ley 9.356, que entró en vigencia el 13 de junio pasado.

La normativa rebaja los tributos que se pagan por los productos del 18 por ciento a un 14 por ciento en el primer año de vigencia de la ley, un 12 por ciento el segundo, y un 10 por ciento para el tercer año.

De esos impuestos se nutre JUDESUR para costear los gastos administrativos. Ante la reducción, alega Murillo, no podrán cumplir con las obligaciones.

Sin embargo, la Asociación de Concesionarios sostiene que la institución cuenta con un superávit que supera los ¢18 mil millones y criticó que sus gastos operativos sean solo "una planilla de 48 colaboradores".

Alternativa

La asesora de la asociación, Susan Naranjo, agregó que ante un eventual cierre de JUDESUR, el Depósito podría seguir operando bajo la supervisión de la Dirección General de Aduanas del Ministerio de Hacienda.

asesora susan naranjo

Naranjo destacó que entre 1995 y 1997 el Depósito funcionó bajo ese esquema.

Actualmente Hacienda fiscaliza los procesos de facturación, venta, ingreso de mercadería y emisión de tarjetas de derecho de compra.

Pendiente

Este lunes la directiva de JUDESUR se reunirá para definir medidas a seguir y posibles soluciones para evitar el cierre técnico ya anunciado. Posteriormente le plantearán los hechos a la junta interventora de JUDESUR (creada en el 2014 por el Gobierno).

Según Carlos Murillo la alternativa que ellos vislumbran es que se suspendan los efectos de la nueva ley y se vuelva a aplicar la antigua. Para ello pidieron una medida cautelar a la Sala Constitucional.

En contraste, la Asociación de Concesionarios aboga por que se mantenga la nueva normativa, pues defiende que esta ha ocasionado un incremento de compradores lo que les ha significado más ingresos.

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