A cambio de deponer la huelga, diputados proponen a empleados judiciales crear nuevo proyecto de ley

Los diputados de la Comisión Especial de Reforma a Pensiones del Poder Judicial propusieron a los líderes de los trabajadores judiciales crear una mesa de diálogo con la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) para construir un nuevo proyecto de ley, a cambio de que los gremios depongan la huelga que mantienen desde el pasado 20 de julio.

Sin embargo, los representantes del Frente Gremial del Poder Judicial pidieron una propuesta escrita y clara a los diputados, y mantener como base el proyecto de ley presentado por los gremios para la negociación.

Los legisladores sesionarán este miércoles dos veces para iniciar la construcción de un nuevo proyecto de ley de consenso que permita definir la hoja de ruta para hacer los cambios necesarios a ese régimen de pensiones.

La nueva propuesta tendrá como base el proyecto de ley presentado por la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) y algunos puntos del texto impulsado por los 25 gremios del Poder Judicial.

La diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), Marcela Guerrero, explicó antes de la comparecencia de los líderes gremiales del Poder Judicial, la mañana de este miércoles, que existe "presión" e "incomodidad" para negociar un proyecto de ley en la comisión legislativa debido a la huelga que mantienen los trabajadores de ese poder de la República.

Los legisladores que conforman la comisión especial se reunieron a las 9:15 a.m. para definir si recibían o no a los representantes de los trabajadores judiciales debido a que están en huelga, finalmente los congresistas llegaron al acuerdo de mantener la audiencia debido a que había sido convocada mediante una moción que se aprobó antes de que iniciara el movimiento gremial.

"Los vamos a recibir, los vamos a escuchar (en referencia a los líderes de los trabajadores judiciales), y vamos a tratar de sacar un texto lo más consensuado en función de lo que las diferentes fracciones consideren que es la sostenibilidad financiera del régimen (...), vamos a construir un texto alternativo a partir de que ellos terminen, es la ruta que vamos a seguir en la sesión extraordinaria después de plenario", puntualizó Guerrero.

Los representantes del Frente Gremial del Poder Judicial empezaron su presentación ante los diputados a las 11:00 a.m., durante esa comparecencia defendieron el proyecto de ley que presentaron los 25 gremios hace cuatro años ante la Asamblea Legislativa para reformar el régimen de pensiones de ese poder de la República.

La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Sandra Piszk, preguntó a los líderes de los trabajadores judiciales si ellos estaban dispuestos a suspender la huelga que inició el pasado miércoles 19 de junio, si se crea un nuevo proyecto de ley que reúna las mejores propuestas del texto de los gremios y también la propuesta de la SUPEN.

La presidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD), Adriana Orocú, respondió que no entienden por qué se debe usar como base para la negociación un texto como el que presentó la SUPEN que fue declarado inviable por la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Contraloría General de la República (CGR).

Orocú señaló que esperan que se retome como base de negociación el proyecto de ley presentado por los gremios, que tiene menos señalamientos técnicos en contra y que reúne el espíritu de la voluntad de los trabajadores.

El diputado del PAC, Franklin Corella, intervino a las 11:40 a.m. para indicar a los representantes de los trabajadores judiciales que es necesario crear un nuevo proyecto de ley para reformar las pensiones del Poder Judicial. "Yo estoy dispuesto a conversar con ustedes, pero ustedes saben porque lo conversamos que es necesario crear un nuevo proyecto de ley de consenso, donde todos pongan sus ideas y propuestas, pero la huelga debe terminar para que no se sigan afectando muchos servicios y para que no ocurran situaciones como las que vienen presentándose desde la semana pasada anterior".

Los diputados de la comisión especial tratan de crear el ambiente necesario para que se pueda elaborar un nuevo proyecto de ley donde participen los trabajadores del Poder Judicial, los legisladores y la SUPEN, en una mesa de negociación.

La huelga de los trabajadores judiciales inició el pasado miércoles 19 de julio, luego de que lo diputados de la Comisión Especial de Reforma a Pensiones del Poder Judicial decidieran desechar el proyecto de ley presentado por 25 gremios para discutir los cambios al sistema de pensiones de ese poder de la República.

En su lugar, los legisladores decidieron acoger como texto base para la reforma, un proyecto de ley presentado por la SUPEN. Esta propuesta plantea elevar la edad de retiro de los trabajadores judiciales a 65 años, en lugar de los 60 años para mujeres y 62 años para hombres que planteaba el texto de los gremios.

El producto de SUPEN también propone que cada empleado trabaje 35 años antes de pensionarse, mientras que la propuesta de los gremios establecía esa obligación en 30 años.

La huelga provocó la suspensión de las autopsias y la entrega de cuerpos en la Morgue Judicial durante cuatro días, lo que implicó que muchas familias pidieran que se les entregaran los cuerpos de sus familiares. La Sala Constitucional resolvió el pasado 22 de julio, un recurso de amparo presentado por la Defensoría de los Habitantes para ordenar que se reanudaran las autopsias.

Una intervención de la Fuerza Pública la noche del 24 de julio, permitió restablecer los procedimientos de autopsias y entregas de cuerpos en la Morgue Judicial.

Las autopsias fueron realizadas por personal de la Medicatura Forense y desde el martes 25 de julio, médicos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) están disponibles en caso de que se les requiera para hacer los procedimientos.