Se crea figura de juez de garantía para defender privacidad
25/05/16 | 09:55am
Los empresarios incluidos en el registro de accionistas que sean investigados por Tributación Directa deberán ser notificados antes, a excepción de aquellos cuya pesquisa esté relacionada con crimen organizado o narcotráfico por parte del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).
Así lo acordaron este martes, después de varios meses de negativa y negociación, el gobierno y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), con el objetivo de que se apruebe el proyecto de ley contra el fraude fiscal.
La presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios –donde se tramita el expediente– Rosibel Ramos, detalló que las negociaciones entre su fracción y Hacienda se estuvieron dando desde antes del 1 de mayo.
La socialcristiana aseveró que los lineamientos por los cuales se utilizaría la información consignada en el registro de accionistas debe de ser legítima y debidamente justificada.
De tal manera que si se utiliza para otra razón que no sea para la cual se solicitó inicialmente, los empresarios podrán recurrir a la figura de un juez de garantía.
Lo anterior, con el objetivo de que siempre se resguarde la confidencialidad de la información de los accionistas de las empresas privadas.
El acuerdo también incluye un punto explícito de sanciones para los funcionarios del ICD, Hacienda y el Banco Central de Costa Rica (BCCR) que violen la confidencialidad de la información. Precisamente, este último ente será el administrador de los datos.
El ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, dijo que con el pacto el proyecto de ley se encuentra en una situación "óptima" para ser votado, por lo que esperan se de el dictamen en los próximos días.
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