De posiciones antagónicas, Hacienda y JUPEMA deberán acordar estudio sobre proyecto que golpea IVM

Sala IV resolvió este miércoles que el proyecto que permite el traslado de docentes del régimen de pensiones de la CCSS al Magisterio Nacional es inconstitucional

26/07/17 | 16:54pm

La inconstitucionalidad del proyecto de ley que permite el traslado de un grupo de docentes del régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) al Magisterio Nacional, no entierra por completo esta propuesta para el futuro.

Entre el Ministerio de Hacienda y la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA) entidades que han demostraro tener posiciones antagónicas sobre la afectación del proyecto a las finanzas del Estado, deben definir quién hará el estudio técnico de este expediente para demostrar de manera científica los efectos que tendría en las finanzas públicas y en especial en el IVM, explicó el diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) y presidente de la Comisión Legislativa Plena I, Juan Marín.

El legislador aseguró que la inconstitucionalidad del proyecto no es por los planteamientos del texto en sí, sino que se debe a la falta de estudios técnicos durante la discusión en el Congreso, lo que se considera un vicio en el proceso.

La Sala IV resolvió este miércoles que el proyecto 17.561 Reforma al Régimen de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, es inconstitucional porque viola el artículo 73 de la Constitución Política debido a que carece de un estudio que determine técnica y científicamente cuál es el impacto real sobre la reserva del régimen IVM.

"Por lo tanto, si en algún momento se presentara un estudio técnico que demuestre el impacto ahí de nuevo viene el debate y los diputados decidirán si le dan aprobación o no. Hay que devolverlo de nuevo al primer debate, me parece, o darle la discusión correspondiente, de tal manera que yo no veo el proyecto enterrado, lo que sí le veo es que hay que elaborar un estudio, lo que Hacienda ni JUPEMA han hecho formalmente y me parece que hay que buscar un tercero local que haga el análisis correspondiente que determine cuál es el impacto", señaló Marín.

Sobre el tema se procuró la versión de Hacienda, pero mediante su oficina de comunicación indicaron que la única vocera autorizada para hablar del tema, la viceministra Marta Cubillo, se encuentra fuera del país y no había forma de localizarla.

La cartera ha defendido que el impacto para el fisco sería de hasta ¢11.000 millones anuales, con un escenario mínimo de 1.847 personas, y de hasta ¢30.000 millones anuales, con un escenario máximo de 6.010 personas beneficiarias.

El director ejecutivo de JUPEMA, Roger Porras, comentó por su parteque la institución está en toda la disposición de compartir los datos y estimaciones que ellos hicieron sobre los efectos que podría tener el traslado de los docentes en las finanzas públicas.

El jerarca sostiene que la implementación de la ley no va a generar impacto actuarial en el IVM de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), y defiende que el impacto en las finanzas públicas durante el primer quinquenio sería de ¢1.183 millones, y no de ¢30.000 millones anuales como señala el Ministerio de Hacienda.

"Nosotros siempre hemos tenido la total apertura y disposición de discutir la información y los datos que nosotros tenemos, ahí lo que tenemos que hacer nosotros es esperar porque igual no conozco del detalle del fallo de la Sala Constitucional, tenemos que esperar lo que decidan los señores diputados de la Comisión Plena I y efectivamente eso lo tendrá que valorar el foro de presidentes y secretarios generales de JUPEMA, las alternativas o la viabilidad política de estas opciones", apuntó Porras.

El proyecto de ley fue aprobado en primer debate el pasado 7 de junio en el seno de la Comisión Plena I, impulsado por Marín quien ejerce la presidencia de ese foro político. Incluso el congresista verdiblanco celebró con los sindicatos del Magisterio Nacional, la aprobación parcial del proyecto.

El miércoles 21 de junio, un grupo de 22 diputados de diferentes bancadas envió una consulta facultativa a la Sala IV, donde pidieron a los magistrados declarara inconstitucional el texto porque atentaba contra la autonomía de la CCSS.

El texto propone que entre 1.847 y 6.000 docentes, que en 1995 se pasaron a cotizaron al régimen IVM, se trasladen de nuevo al Magisterio Nacional. Este grupo de educadores se fue para el régimen del Seguro Social porque las cuotas mensuales que debían aportar eran menores cada mes que las de JUPEMA.

El proyecto de Reforma del Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, fue motivo de polémica y discusión en junio anterior, debido a que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Hacienda señalaban que el traslado de los docentes al Magisterio Nacional provocaría un duro golpe a las finanzas públicas en momentos donde el país atraviesa un creciente déficit fiscal que asfixia los recursos del Estado.

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