Nuevo banco de fomento implica alto riesgo para el Estado debido a su amplio enfoque

El Estado incurre en un alto riesgo por el amplio enfoque que propone el proyecto de ley que el Gobierno envió a la Asamblea Legislativa el pasado jueves, y que pretende la transformación del Banco de Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito) en una nueva institución que llevará el nombre de Banco Costarricense de Fomento (BCF).

Tal conclusión es el resultado de las intervenciones dadas este miércoles en el programa de radio Nuestra Voz por el superintendente de Entidades Financieras, Javier Cascante, el diputado oficialista Ottón Solís, y el economista Gerardo Corrales.

Precisamente el experto y analista catalogó el plan del Gobierno como "ambicioso y muy complejo" debido a que sitúa a la nueva entidad en la banca de inversión, misma que se distancia a las funciones que los bancos normalmente desempeñan en el país ya que sus estructuras están enfocadas en el capital accionario y no a la deuda, en su intento de promover emprendimientos de "altísimo riesgo", en el que por cada diez proyectos de ese tipo solamente dos salen avante, como máximo.

Esta situación se agrava ya que el proyecto de ley ofrece la garantía del Estado y no capital privado.

A esta rama, el documento presentado al Congreso además añade una serie de actividades que se alejan de las características propias de una entidad bancaria de fomento, que normalmente son instrumentos financieros del Estado para fomentar políticas públicas para la erradicación de la pobreza, a criterio de Cascante.

Corrales puntualizó entre las actividades la asesoría a empresas públicas y privadas en diseño y financiamiento de infraestructura, el financiamiento exterior, la participación accionaria en capital semilla para empresas nuevas o capital de riesgo para fomentar investigación y desarrollo, la gestión de fideicomisos mediante el traslado del Programa Nacional de Apoyo a la Microempresa y la Movilidad Social (PRONAMYPE) del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC), la absorción de la Comisión Nacional de Préstamos (CONAPE), y la flexibilidad de la creación de avales, seguros y garantías para la mutualización de riesgos.

"En este proyecto se observan un conjunto de actividades que se alejan de la concepción que yo tengo o que conozco de un banco de fomento como tal. Al menos yo no tengo ningún problema de que las entidades financieras administren riesgos en el tanto lo hagan de manera correcta y lo hagan de forma técnica. El agregar ese conjunto de actividades presenta un desafío importante para que el banco cuente con los recursos, cuente con la gente, cuente con las juntas directivas y la alta gerencia capacitada para manejar eso", afirmó el Superintendente.

Estas funciones mezclan actividades como la educación, infraestructura, la creación de empresas, coincidiendo en áreas que actualmente abarcan instituciones como el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP), el Ministerio de Educación Pública (MEP), el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), según lo enumeró Solís.

Por ello, tanto el legislador del Partido Acción Ciudadana (PAC), como el jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) y el experto en banca, coincidieron que debe de reajustarse el enfoque del proyecto, ya que lo planteado hasta ahora implicará un alto nivel de especialización con el que actualmente no se cuenta en el antiguo Bancrédito.

Otra preocupación de Corrales es que el proyecto no presenta criterios de recuperación o de rentabilidad, sino que en él se trata una economía social solidaria que da protección a las poblaciones marginadas y "todo eso estaría bien, pero se está hablando de garantía estatal con cargo al presupuesto".

No obstante, Solís reiteró su posición de que el banco debe cerrarse, mientras que Corrales señaló que este debe ser absorbido por otro banco público.