Fiscalía halló "desorden e irregularidades" en U cristiana pero pidió suspender investigación
Expediente estuvo abierto en el Ministerio Público durante seis años
09/06/17 | 15:50pm
La Fiscalía Adjunta de Fraudes encontró "desorden e irregularidades" en la Universidad Cristiana del Sur, pero este jueves presentó una solicitud ante el Juzgado Penal para cerrar la investigación judicial contra esta casa de enseñanza superior por falta de pruebas para imputar a alguien como responsable del delito de falsedad ideológica.
La fiscal auxiliar de fraudes, Marcela Muñoz, explicó que en el proceso de investigación se encontraron muchas irregularidades como estudiantes que cursaban carreras sin tener su título de bachillerato de secundaria, profesores que no estaban inscritos en los colegios profesionales respectivos y anomalías en documentos de notas.
La funcionaria encargada de la investigación aseguró que todas estas anomalías son administrativas y fueron sancionadas por el Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (CONESUP), sin embargo, no se logró obtener suficiente prueba para imputar a una o varias personas por el delito de falsedad ideológica, en otras palabras, fue imposible determinar quién o quiénes son los responsables de introducir datos e información falsa en algunos documentos de la universidad.
"El problema es que a nivel penal se requiere una imputación directa hacia una persona y determinar claramente cuáles son las acciones que esa persona hizo. Efectivamente se estaba llevando como falsedad ideológica, insertar datos en documentos auténticos, y no se pudo determinar qué personas pudieron haber hecho eventualmente esas conductas, sí ha habido mucha documentación pero incluso las personas que estaban siendo investigadas tenían puestos en la rectoría, administrativos, hay un profesor, sin embargo, no se pudieron ligar específicamente con algún hecho delictivo", señaló la fiscal.
El Ministerio Público presentó este jueves una solicitud de sobreseimiento (suspensión por parte del un juez de una investigación judicial) del expediente 11-0333-612-PE, en el que se llevó a cabo una investigación en la Universidad Cristiana del Sur.
Si el Juzgado Penal aprueba la solicitud se pondría fin a una investigación judicial que se prolongó por seis años.
El CONESUP resolvió sancionar a la Universidad Cristiana del Sur con la orden de cerrar sus operaciones por un año, debido a irregularidades en tres casos en los cuales el centro educativo aceptó estudiantes sin que contaran con el título de bachillerato como lo exige el Reglamento de la institución.
En los casos destaca el del diputado del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE), Óscar López, quien cursó cinco materias de bachillerato en derecho como oyente, en 2012, sin contar con el título de bachillerato de secundaria.
Además se dieron otros dos casos con estudiantes, uno de los cuales obtuvo hace cinco años su título en Administración de Empresas sin haber concluido a la fecha la secundaria, y otro que cursó 16 materias del bachillerato en Derecho sin contar con los requisitos necesarios.
La Universidad Cristiana del Sur fue fundada por el exdiputado evangélico del Partido Renovación Costarricense, Justo Orozco, quien mantuvo una relación con esa entidad entre 1997 y 2005, periodo en el cual solo 35 personas se graduaron de diferentes carreras.
Investigación y proceso judicial
La Fiscalía abrió la investigación contra la Universidad Cristiana del Sur en agosto del 2011, luego de que una persona que asistió a una reunión en el Colegio de Abogados denunciara la presunta venta de títulos de derecho en esa casa de estudio.
El 21 de setiembre del 2012, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) allanaron las instalaciones de la casa de enseñanza superior en Paseo Colón, para secuestrar documentos y pruebas como parte del proceso que se seguía en contra la institución.
En 2015, el investigador encargado del caso envió el informe final a la Fiscalía Adjunta de Fraudes donde la fiscal Marcela Muñoz debía evaluar las pruebas y los hechos para definir si presentaba una acusación contra algún imputado, o bien, pedía el cierre del proceso.
Las pruebas secuestradas en el allanamiento del 2012 fueron compartidas con el CONESUP y sirvieron como sustento para que ese ente rector resolviera suspender a la universidad con el cierre de sus operaciones durante un año, entre el 1 de setiembre del 2017 y el 2 de setiembre del 2018.
Los documentos que el Ministerio Público aportó a CONESUP permitieron identificar tres casos de estudiantes que cursaron sus carreras sin tener el título de bachillerato en educación media, y otros dos casos de profesores quienes impartieron lecciones durante algún tiempo sin haber concluido sus licenciaturas en derecho y sin estar inscritos ante el Colegio de Abogados. Uno de estos profesores, incluso ocupó el cargo de rector interino.