Gobierno expondrá ante Corte de Derechos Humanos gestiones hechas en Congreso para regular FIV
Ministro de la Presidencia asegura que no permitirán que se dicte una nueva condena contra Costa Rica
28/08/15 | 11:57am
El próximo 3 de setiembre, el país enfrentará la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde deberá exponer las gestiones que se han realizado para regular la Fecundación in Vitro (FIV) en el país.
El ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, explicó que el gobierno detallará las gestiones hechas ante la Asamblea Legislativa para avanzar en la implementación de la técnica.
Alfaro evitó referirse a la posibilidad de regular la FIV mediante un decreto ejecutivo porque el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, todavía no ha determinado si lo presentará o no.
Mientras se toma la decisión, el proyecto de ley se encuentra estancado en la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, donde cientos de mociones impiden su dictamen.
El mismo viceministro de la Presidencia, Luis Paulino Mora, dijo el martes a AmeliaRueda.com que es poco probable que la propuesta se apruebe antes de la audiencia ante la CIDH.
Alfaro señaló que continúan confiando en el avance que pueda tener el proyecto en la Asamblea Legislativa y pidió a los diputados que den el mayor esfuerzo para lograr ese cometido.
Agregó que el Poder Ejecutivo no permitirá que el país reciba una segunda condena por incumplir con el mandato de la Corte, por lo que no cierran la posibilidad del decreto presidencial.
El expediente 18.824 ha enfrentado 525 mociones en el actual periodo de sesiones extraordinarias, principalmente por parte de los legisladores evangélicos.
La Sala Constitucional prohibió en 2000 la aplicación de la FIV por considerar que atentaba contra la vida humana de los embriones fecundados, ya que algunos se desechan.
Antes de estas sentencia, la técnica de reproducción asistida se regulaba mediante un decreto ejecutivo.
La condena de la CIDH data del 28 de noviembre de 2012 debido a que el Estado costarricense no permitía la técnica, por lo que ordenó crear todos los mecanismos legales y metodológicos para que las personas puedan acceder a esta opción.