Imposibilidad de cobrar impuesto a sociedades impide obtener recursos para disolver morosas
Alternativa para cubrir necesidad es mediante presupuesto extraordinario financiado con deuda
30/06/16 | 17:26pm
La declaratoria de inconstitucionalidad al impuesto a las personas jurídicas imposibilita al Ministerio de Hacienda efectuar el giro de los recursos económicos que requiere el Registro Nacional para disolver unas 310.700 sociedades anónimas morosas.
Un informe de la Contraloría General de la República (CGR) de mayo anterior, exigió a la entidad adscrita al Ministerio de Justicia y Paz llevar a cabo las acciones correspondientes para cobrar el dinero adeudado y eliminar las sociedades que acumulan al menos tres periodos fiscales sin pagar.
Para acatar ese ordenamiento, el Registro Nacional requiere publicar una serie de edictos en el diario oficial La Gaceta tal y como se establece en el artículo 6 de la Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas.
El costo total para la disolución de las más de 310 mil sociedades anónimas morosas es de ¢435 millones que deben sufragarse con lo recaudado por el impuesto a personas jurídicas, recursos que según el ordenamiento jurídico debería salir del mismo impuesto.
El viceministro de Egresos, José Francisco Pacheco, explicó que al no existir la posibilidad de percibir dinero producto del tributo declarado inconstitucional, la única alternativa para inyectar recursos es mediante un presupuesto extraordinario.
La fuente de esa partida estaría ligada a endeudamiento, ya que el erario público carece en estos momentos de ese previsión.
Esta situación pone en aprietos al Registro Nacional que podría incurrir en desacato si no cumple con lo estipulado por el órgano contralor.
El Viceministro señaló que no han recibido la solicitud oficial por parte de la entidad para una partida extraordinaria.
Pacheco aprovechó para señalar la urgencia que existe para Hacienda de la aprobación de un nuevo proyecto que establece el tributo a las personas jurídicas.
Con los recursos de este impuesto también se destina dinero al Ministerio de Seguridad Pública, por lo que solicitó a los diputados aprobar pronto el expediente.
Estimaciones de Hacienda determinan que el ingreso que se ha dejado de percibir producto del congelamiento en el cobro del tributo ronda entre los ¢39 y 45 mil millones.
La CGR también ordenó al Registro Nacional cobrar el dinero que no han pagado las sociedades con pendientes.
Al respecto, el Ministerio de Justicia y Paz solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) el criterio técnico para conocer cuál es la manera adecuada de realizar el proceso, ya que debe definirse si es conveniente disolver la sociedad cuando se encuentra morosa dado que una vez que no exista no habrá entidad física que responda por esa deuda.