Más de 100 inmuebles de valor histórico esperan declaratoria patrimonial en lista ‘secreta’
Entidad no revela de qué edificaciones se trata por temor a que sus dueños las destruyan
29/09/16 | 08:59am
Edificios, casas, escuelas, iglesias, incluso puentes y estructuras diversas... Unos 110 sitios esperan, aún sin saberlo, el turno para convertirse en patrimonio histórico-arquitectónico de Costa Rica.
Así lo asegura el director del Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural del ministerio de Cultura, William Monge, entidad encargada de tutelar los bienes patrimoniales costarricenses.
Sin embargo, desde 1995, cuando se promulgó la Ley 7555, la entidad prefiere no divulgar esta selección por temor a que los propietarios de las edificaciones las destruyan.
“Para nosotros no es prudente hacer pública la lista antes de terminar el estudio de declaratoria. Después notificamos al dueño”, explica Monge.
El funcionario afirma que, en su labor por conservar la memoria cultural de las comunidades, ligada a lugares específicos, es preciso no levantar suspicacias. Recuerda el caso de la iglesia católica de San Roque de Grecia, en Alajuela, destruida en 2013 por la vehemente oposición de las autoridades religiosas y de la propia comunidad, ambas opuestas a que el edifico fuera resguardado y restaurado.
Diseminados por todo el territorio, la lista de inmuebles crece y decrece, según se otorgan las declaratorias y según el Centro detecta nuevos nombres que incluir en sus inventarios.
En ocasiones se trata de edificaciones públicas y en otras, privadas, aunque todas tienen un rasgo en común: su capacidad para relatar eventos históricos con lujo de detalles.
A pesar de ello, y de la importancia notoria de que este legado no desaparezca, los propietarios encuentran abundantes razones para rehuir la nominación, según reconoce el mismo director del Centro.
En algunos casos, muchos propietarios se sienten intimidados ante la responsabilidad financiera a que los compromete el Estado de proteger un bien que, una vez goce del privilegio, no puede ser tocado. Además, la declaratoria de patrimonio tampoco les otorga, automáticamente, ayuda económica estatal para esa labor de mantenimiento.
“Incluso cuando hacemos los inventarios, y andamos haciendo fotos de las casas que tienen valor patrimonial en barrios o pueblos, los vecinos se alarman”, relata el funcionario.
“En Cartago, por ejemplo, esta situación ha propiciado demoliciones prematuras, donde el propietario no tenía intención de demoler, pero lo hace ante el rumor, sobre todo en casos de gente muy adinerada, que no tiene en mente utilizar la vivienda”.
Casa por casa, día por día
Con 32 funcionarios en total, y apenas una decena de ellos involucrados directamente en los estudios de declaratoria, el ritmo del Centro de Patrimonio es, inevitablemente lento. Algunas propiedades llevan hasta 7 años en lista de espera, sin que sus dueños sospechen siquiera que la entidad los tiene en mente, y sin que el bien reciba mayor atención. Algunos podrían esfumarse mientras tanto.
El año pasado, solo 7 inmuebles recibieron la distinción del Centro del ministerio de Cultura, aunque hubo otros años en que la cifra aumentó a 15, recuerda Monge.
“Cada estudio lleva unos 4 meses de trabajo, en promedio”, explica.
‘Inventariar’ todo el país es un proceso grande, ambicioso. Entre arquitectos, historiadores, arqueólogos y otros 12 funcionarios, el equipo se encarga de encontrar ‘joyas’ perdidas en las siete provincias, incluso aunque estén en ruinas, porque hasta éstas, asegura Monge, pueden tener un gran valor histórico y tecnológico.
Culto y reticencia
Monge asegura que el caso de los templos católicos es emblemático, por reiterado. La situación de rechazo vivida con la comunidad de San Roque de Grecia, a causa de su iglesia, se repitió con las comunidades de Coronado, San Isidro de Heredia, Zarcero, Palmares y San Ramón.
“Muchas iglesias son joyas arquitectónicas y no hay razón para que la jerarquía eclesiástica se oponga a la restauración de templos patrimoniales”, dice Monge, quien reconoce que el Centro ha realizado, y sigue haciendo, inversiones millonarias en edificaciones religiosas.
La enumeración del funcionario no es nada despreciable. En lo que va de 2016, se han invertido casi ¢70 millones en la iglesia de Toledo, en Acosta; ¢ 30 millones en la instalación eléctrica de la iglesia de San Antonio de Escazú; ¢30 millones en restauración de ventanas y puertas de la iglesia de Copey de Dota; ¢157 en la fachada de la parroquia de San Blas de Nicoya.
“En el lapso de los últimos tres años, el Centro habrá invertido cerca de ¢600 millones en este último templo”, asegura el funcionario.
El año pasado, el Centro realizó su labor con un presupuesto de unos ¢1500 millones aproximadamente. Este año, ronda los ¢800 millones, y en 2017, la entidad deberá funcionar con un aproximado de ¢230 millones. Sin embargo, el certamen Salvemos nuestro Patrimonio, una de las convocatorias emblemáticas de la entidad, goza de un presupuesto fijo y diferenciado de ¢120 millones.
“El año entrante tenemos una labor muy especial: la restauración del Black Star Line”, agrega Monge, quien confía en que la tarea levante recursos y entusiasmos por igual.
Video Karla Bastos.