Levantamiento de veto a reforma procesal laboral es inconstitucional, dice Procuraduría a Sala IV

recomendaciónProcuradora Ana Lorena Brenes da la razón a acción de inconstitucionalidad presentada por 22 diputados en diciembre del 2014

El levantamiento del veto a la reforma procesal laboral que hizo el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, el pasado 12 de diciembre de 2014, es inconstitucional, según un informe que presentó este martes la Procuraduría General de la República a la Sala Constitucional.

La Procuraduría, que funge como abogado del Estado, recomendó a la Sala IV declarar inconstitucional la acción planteada por un grupo de 22 diputados el pasado 19 de diciembre.

En la acción de inconstitucionalidad, los diputados alegan que cuando la expresidenta Laura Chinchilla vetó el proyecto de ley 15.990, en octubre del 2012, lo hizo por razones de oportunidad y de constitucionalidad. Esa situación obligaba a los diputados de la anterior Asamblea Legislativa a que consultaran el veto ante la Sala Constitucional. Sin embargo, ellos no lo hicieron.

Posteriormente, en mayo del 2013 retiró el veto en la parte de objeciones de constitucionalidad pese a que el artículo 128 de la Constitución Política establece que debió consultarse eso a la Sala, explicó el diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) y uno de los que apoyó la acción, Juan Marín.

diputado del pln juan marín

De acuerdo con el informe enviado por la procuradora general, Ana Lorena Brenes, el acuerdo comunicado por el gobierno de Chinchilla fue inconstitucional y por tanto tiene efectos en el levantamiento del veto que hizo Solís.

"Se concluye que en caso de que se declare la inconstitucionalidad del retiro del veto de inconstitucionalidad del año 2013, los efectos de esa sentencia anulatoria se extenderían a todos los actos del procedimiento legislativo subsecuentes al retiro del veto de inconstitucionalidad", concluyó la Procuraduría.

En consecuencia el retiro del veto por razones de oportunidad y conveniencia que hizo Solís también sería inconstitucional, agregó la Procuradora.