Traslado de 8 mil educadores del régimen de IVM al Magisterio costará ¢220 mil millones
Ejecutivo pretende acelerar discusión de iniciativa.
12/08/16 | 10:55am
El traslado de cerca de 8.000 educadores del régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS al del Magisterio Nacional, tal y como lo propone el proyecto de ley 17.561, tendría un costo actuarial cercano a los ¢220 mil millones.
La cifra corresponde al monto que debería pagar la entidad desde el momento en que se apruebe el plan hasta el fallecimiento del último beneficiario, según un cálculo realizado por el Ministerio de Hacienda, confirmó el viceministro de Egresos José Francisco Pacheco.
El jerarca indicó que la "incertidumbre" impera en la discusión de este proyecto ya que no se tiene un dato exacto de cuántos serán los beneficiarios finales ya que, inicialmente, se hablaba de cerca de 4.000 y en el último informe dado a la Asamblea Legislativa de casi 8.000.
Dicho dato fue respaldado por el presidente de la Comisión Plena I, el liberacionista Juan Marín quien calificó la iniciativa de "compleja" por el impacto fiscal que implicaría su aprobación. No obstante, afirmó que su fracción la respalda.
La modificación legal daría un plazo de 18 meses para que los educadores que se incorporaron al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS en 1995 por una reforma realizada en ese momento, se puedan devolver al del Magisterio.
"Es una carga que el gobierno, en medio de la crisis fiscal, no tiene contemplada", sostuvo Pacheco al detallar que el rubro principal que se toma en cuenta para hacer el cálculo de los costos son los diferenciales de cuotas que deben de pagarse con cada traslado.
Señaló que una parte debe de ser cubierta por el beneficiario y otra por el Estado. Esto, debido a que el porcentaje de cotización del régimen del Magisterio es superior hasta en un 8 por ciento en comparación con el del IVM.
En esa misma línea, el director Ejecutivo de Jupema, Roger Porras, indicó que un cálculo hecho por la Junta estima que la diferencia en cuotas que tendría que aportar cada trabajador podría oscilar entre los ¢7 y los ¢20 millones según su condición particular.
Para su criterio, el costo actuarial valorado por Hacienda es incorrecto ya que, como forma de actualización se han ido descartando poblaciones que ya se pensionaron o fallecieron, o incluso que están cobijados con otros regímenes.
De esta manera, la cantidad de educadores que se trasladarían del IVM al Magisterio voluntariamente serían cerca de mil que con su aporte económico al pagar la diferencia en cuotas harían una retribución al erario público y el costo no sería tan elevado.
Porras aclaró que, aunque haya un costo para el Estado, lo que debe de prevalecer es el derecho de ese grupo de educadores que fue trasladado al régimen de la Caja cuando en realidad pertenecían a Jupema.
En 1995 se reformó el régimen de pensiones del Magisterio estipulando que quienes habían ingresado a este después de 1992 cotizarían para el IVM, en 1997 se abrió la posibilidad de que quienes quisieran retornar con Jupema lo hicieran en un plazo de dos meses.
Sin embargo, muchos no tuvieron la posibilidad a falta de tiempo, según alegan los proponentes del actual proyecto que se tramita bajo el expediente 17.561.
La iniciativa pretende ser discutida en el Congreso en los próximos días, para lo cual el Ejecutivo intensifica las negociaciones para que ello ocurra, según confirmó el viceministro de la Presidencia, Luis Paulino Mora.