Organizaciones LGBTI defienden principio de no discriminación al respaldar consulta sobre derechos patrimoniales ante Corte IDH

apoyo​Tribunal cerró este 14 de febrero recepción de observaciones que tomará como insumo para resolución

30 organizaciones nacionales y siete internacionales que defienden a la comunidad LGBTI (Lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexo) respaldaron la solicitud de opinión consultiva sobre derechos patrimoniales de parejas del mismo sexo e identidad de género presentada por el Gobierno ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Las organizaciones destacaron la violación al principio de no discriminación, ya que los prejuicios y negativas de algunos sectores en la Asamblea Legislativa impiden que las uniones entre personas del mismo sexo cuenten con las garantías que sí poseen las parejas heterosexuales.

El Frente por los Derechos Igualitarios (FDI) presentó sus observaciones al tema y suscribió a diferentes grupos de este colectivo para mostrar su apoyo al proceso.

La vocera del FDI, Larissa Arroyo, comentó que dentro de los argumentos que presentaron a la Corte IDH señalaron que, si bien Costa Rica ha mostrado voluntad política para avanzar en derechos para la población sexualmente diversa, son insuficientes los esfuerzos y todavía se da un trato diferenciado.

Arroyo manifestó que la opinión consultiva planteada por Casa Presidencial demuestra interés por avanzar, sin embargo, se queda corto en cuanto a garantizar todos los derechos igualitarios al colectivo LGBTI pues se limita al plano patrimonial.

Este 14 de febrero cerró el periodo para la recepción de observaciones al proceso. Ahora, los jueces de la Corte IDH deberán contestar el planteamiento.

Esta respuesta es vinculante, por lo que el Estado costarricense deberá acatar lo que el Tribunal defina en la materia consultada.

La solicitud del Gobierno, enviada el 18 de mayo se divide en dos partes: la primera es conocer si una serie de enunciados de la Convención Americana de Derechos Humanos obligan a reconocer todos las garantías patrimoniales (por ejemplo, vivienda o vehículos) que se se derivan de un vínculo entre personas del mismo sexo, ya contemplados en las uniones heterosexuales.

También se solicita determinar si es necesaria la existencia de una figura jurídica que regule estas relaciones para que se otorguen dichos derechos.

La segunda parte de la opinión consultiva pide a los jueces esclarecer la obligación que tiene el Estado de reconocer y facilitar el cambio de nombre de las personas de acuerdo a su identidad de género mediante un trámite administrativo gratuito, rápido y accesible para cualquier individuo.

La Corte IDH no tiene fecha límite para resolver la solicitud de Costa Rica.

Durante la inauguración del año judicial de este organismo el pasado 6 de febrero, el presidente del Tribunal, Roberto Caldas, indicó en su discurso que "ninguna norma, acto o práctica pueden disminuir o restringir de modo alguno los derechos de una persona a partir de su orientación sexual".