Lo más fácil es atacarnos con señalamientos infundados, reclaman jueces del Poder Judicial

Defensa​Ministro de Seguridad y Fiscal General criticaron su accionar

Un grupo de jueces defendió su trabajo la mañana de este viernes en el programa Nuestra Voz. Los juristas señalaron que para muchas personas "lo más fácil es atacarlos" cuando se producen situaciones de inseguridad en Costa Rica.

La presidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD), Adriana Orocú, fustigó la forma en que se la cuestionado de forma "generalizada" el accionar de los jueces en los últimos días.

"Cuando se sale a la ligera a generalizar sobre una resolución de un juez, puede que se salga sin saber bien sobre el. Tenemos que estar seguros de que esa crítica esté tendiente a construir y a generar mejoras en el Poder Judicial", agregó Orocú.

La jueza aseveró que muchas veces se cierne sobre el Poder Judicial una serie de críticas que vienen desde la Asamblea Legislativa y el Gobierno para desviar la atención en algunas coyunturas importantes.

Orocú recalcó: "Escuchamos las críticas constructivas que se nos hagan a la Judicatura, pero defendemos la independencia judicial. En el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo muchas veces se hacen críticas también a los jueces, que somos los que estamos detrás del escritorio trabajando y no podemos, muchas veces, salir a defendernos ante la prensa y lo que se dice. Lo más fácil es atacar al juez".

Para el juez de juicio y fiscal de la Asociación de Jueces, William Serrano, las aseveraciones de que en e Poder Judicial existe corrupción no son ciertas, ya que el trabajo y las cifras respaldan la labor que realizan.

"En el Poder Judicial no hay corrupción de manera endémica, lo que se presentan son casos aislados como en cualquier otra institución", indicó Serrano.

En la conversación también participaron juez coordinador del Tribunal Penal de San José, Juan Carlos Pérez; y el juez penal y vicepresidente de la Asociación de Jueces, Raymond Porter. Ambos juristas defendieron el trabajo que realiza la judicatura en el país bajo los principios del derecho.

"Nosotros no partimos ni creemos que exista corrupción en el Poder Judicial, si esto está sucediendo es bueno que sea denunciado por las personas. Cuando la gente no es favorecida en una decisión o en una sentencia, optan por hacer señalamientos infundados en muchos casos a los jueces", señaló Pérez.

Fuego cruzado entre instituciones

El pasado martes 16 de mayo, el ministro de Seguridad, Gustavo Mata, arremetió contra los jueces y aseguró que en ocasiones tardan hasta cuatro meses en obtener una orden de allanamiento o una autorización de intervención telefónica.

De acuerdo con Mata, la lentitud de los jueces afecta y obstaculiza el accionar de los cuerpos policiales en la lucha contra el crimen organizado.

"En este momento cuando urge quebrar las estructuras criminales que nos están matando a la gente en la calle, que debemos estar trabajando con rapidez, no podemos darnos el lujo que una solicitud de allanamiento dure tres o cuatro meses", indicó con molestia el Ministro.

El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Walter Espinoza, coincidió con Mata y señaló con preocupación el hecho de que los Tribunales tardan mucho para emitir algunas resoluciones.

"Nosotros duramos mucho en obtener órdenes judiciales, órdenes para allanamientos y peor aún si se trata de órdenes judiciales de intervenciones telefónicas. Eso no debería suceder en un país como el nuestro que está ubicado en el lugar más peligroso del mundo y donde tenemos que dar seguridad certeza y certidumbre", externó el funcionario.

De acuerdo con el fiscal general, Jorge Chavarría, en el Poder Judicial existen debilidades en el proceso de selección de los jueces.

“Debo decirlo con franqueza, se ha manejado con muchísimo guante de seda a nivel institucional en casos de corrupción serios, en donde se recomienda por parte de la Inspección Judicial el despido del funcionario pero luego entra en un proceso donde tiene que ir a comisión y al final termina en una sanción baja, o en una simple llamada de atención”, afirmó el Fiscal General.

Caso detonante

La discusión sobre la celeridad de los procesos judiciales se reabrió esta semana luego de que el pasado lunes 15 de mayo dos sicarios asesinaran a balazaos a un sujeto identificado como Elías Akl, cuando dejaba a su hija en el Colegio Mount View, en Guachipelín de Escazú.

En el incidente murió uno de sus guardaespaldas y resultó herido un niño de 6 años quien caminaba por el centro educativo.

Informaciones posteriores de las autoridades confirmaron que sobre Elías Akl y su hermano Ziad Akl -detenido el 15 de mayo cuando intentaba huir por el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría- pesaban dos informes de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) que recomendaban al Ministerio de Seguridad Pública (MSP) la expulsión del país de los extranjeros.

Los hermanos Akl son de origen libanés pero ingresaron a Costa Rica con pasaportes canadienses.