Ni propuesta de gremios ni de SUPEN son viables para reformar pensiones judiciales

La decisión de tomar el texto presentado por la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) como base para la discusión de la reforma al régimen de pensiones del Poder Judicial en lugar del planteado por los gremios fue la causa que detonó la huelga que cumple ocho días este miércoles, sin embargo, ninguno de los dos es viable debido a sostenibilidad.

Este escenario deberá resolver la comisión especial que analiza las pensiones del Poder Judicial y que tiene programada una sesión a las 9:15 de este miércoles.

La diputada del Movimiento Libertario y miembro del foro legislativo, Natalia Díaz, indicó en el programa Nuestra Voz que todas las partes involucradas deben llegar con una actitud abierta al diálogo, pasar la página y construir un nuevo texto.

Una actitud similar tiene la compañera de comisión y legisladora del Partido Acción Ciudadana (PAC), Marcela Guerrero, al señalar que no se puede partir de los planteamientos de los gremios judiciales y SUPEN sino mediante la construcción de un proyecto de ley a partir de mociones que se sometan a debate.

La congresista oficialista comentó que son 15 puntos los que están sobre la mesa y que hay que discutir para diseñar la reforma al régimen de pensiones.

En estos aspectos se difiere con el texto planteado por las asociaciones gremiales, como por ejemplo, el cálculo de la vida laboral se hace a partir de 10 años y no de 20 años como lo estableció la UCR, sostiene que por cada año postergado se da un salario extra, no pone tope al aporte del Presupuesto Nacional, entre otros.

Sobre este último punto, ambas legisladoras coincidieron en que no se puede seguir recargando el aporte estatal al régimen.

En otros temas, como la edad de retiro de 60 a 62 años planteado por los gremios, Guerrero expresó la apertura a negociar estos planteamientos.

Díaz recalcó que cualquier discusión que exista dentro de la reforma que requiere el régimen debe sustentarse en criterios completamente técnicos y rechazó que existiera en algún momento presiones políticas para analizar este asunto.

Condiciones

Este miércoles se cumple una semana de huelga en el Poder Judicial afectando en gran medida los servicios que ofrece este gran aparato institucional del Estado.

La presidenta de la Judicatura y vocera de las asociaciones gremiales, Adriana Orocú, indicó en el programa Nuestra Voz que el movimiento está sustentado en la defensa de una reforma justa para los trabajadores y que elimine privilegios.

Los huelguistas insisten en que el paro se levantará cuando los diputados cumplan con el compromiso de tomar como base el texto planteado por los funcionarios judiciales en la discusión.

Orocú afirmó que el documento de ellos tiene todo el sustento técnico necesario para que se parta de allí la discusión.

La vocera del movimiento señaló que están conscientes de que el texto que plantearon no será el definitivo pero sí consideran oportuno que la negociación inicie con este.

De acuerdo con Orocú, la propuesta sindical no recarga más el aporte que hace el Estado al régimen.

Sobre la retención de cuerpos en Medicatura Forense desde el miércoles anterior hasta este lunes en horas de la noche, la funcionaria señaló que se trató de una "consecuencia material" de la huelga y que no hubo intención de jugar en ningún momento con el dolor ajeno.

Orocú pidió que este tema no se tome como punto de discusión durante el debate de la reforma en la comisión.

Mientras esperan que la Asamblea Legislativa discuta el tema, para este miércoles se planteó una nueva marcha que caminará hasta el Congreso para exigir las demandas planteadas. En total, unos 70 buses provenientes de diferentes partes del país se unieron a este movimiento.

Orocú señaló que otras condiciones para levantar la huelga pasan por que la Corte Suprema de Justicia no tome represalias en contra de los funcionarios que se unieron al movimiento y que en todo momento haya representación de los gremios en la discusión del proyecto de ley.

Los diputado corren para cumplir con la fecha límite pactada para el 31 de julio para dictaminar un texto, de lo contrario, tendría que volver a Plenario para solicitar una ampliación atrasando una vez más la reforma.