Ejecutivo aprovechará plazo dado por GAFI para avanzar en normas contra financiamiento a terrorrismo

Hasta octubre retomará el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) la decisión sobre si Costa Rica cumplió con lo necesario para alejarse de la "lista gris" de países no cooperantes contra el combate al financiamiento del terrorismo. Este tiempo será aprovechado por el Ejecutivo para avanzar en algunos aspectos que permitan evitar el ingreso a este indeseado listado.

El director del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), Guillermo Araya, indicó este viernes desde Valencia, donde se lleva a cabo la plenaria de la organización, que en estos próximos meses podrán reglamentar las leyes aprobadas recientemente para mejorar la posición del país en este tema.

Se trata de la Ley 9.449, la cual establece la supervisión de las actividades y profesiones no financieras, así como la de lucha contra el fraude fiscal

"Esos reglamentos nos da la oportunidad para sacarlos, llevarlos ya aprobados, normativa técnica que tiene que sacar la Superindentencia General de Entidades Financieras y el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero", detalló el funcionario.

El Ejecutivo también promoverá la capacitación de los sujetos obligados con la nueva normativa y al personal del Poder Judicial responsable de hacer cumplir las legislaciones.

Araya aseguró que el panorama para Costa Rica es positivo pues en los últimos 12 meses logró avances sustanciales en los requisitos solicitados por la GAFI para evitar la caída a la"lista gris" donde se ubican países como Corea del Norte, Birmania, Afganistán, Irán e Irak.

La decisión del Grupo de Acción Financiera Internacional de posponer el análisis del caso local se debe a la necesidad de establecer criterios más claros de revisión.

Los países que entran en la "lista gris" de no cooperantes tiene consecuencias serias para las entidades financieras debido a que estarán manchadas para hacer acuerdos en el exterior.

También aleja a las corresponsalías bancarias que sirven para el pago de importaciones y exportaciones, por lo cual se tendrían que buscar otros mecanismos que podrían encarecer el proceso.

La imagen del estado se ve dañada además porque se asocia con la carencia de controles para evitar el financiamiento al terrorismo y la legitimación de capitales.