Plan piloto de brazaletes electrónicos para reos costará $1 millón, dice Ministerio de Justicia
Presupuesto incluye compra de 220 dispositivos para rastreo y desarrollo de software
31/07/14 | 17:00pm
La primera etapa de implementación de los dispositivos electrónicos para liberar a presos no peligrosos costará $1 millón al Ministerio de Justicia, según informó este jueves la titular de esta cartera Cristina Ramírez.
Este miércoles 30 de julio, los diputados de la Comisión Plena Tercera aprobaron en primer debate el proyecto de Ley de Mecanismos Electrónicos de Seguimiento en Materia Penal, que estaba en la corriente legislativa desde abril de 2010.
Cada dispositivo de rastreo electrónico cuesta $15 dólares diarios, mientras que mantener a un privado de libertad requiere de $48 por día.
La ministra de Justicia explicó que los recursos para financiar este proyecto provienen de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y que durante la puesta en marcha del plan piloto compararán entre 200 y 220 dispositivos de rastreo para reclusos.
De acuerdo con la ministra Ramírez, serán los jueces de la República quienes determinarán cuáles reclusos pueden dejar la cárcel y descontar la pena siendo vigilados a través de brazaletes, tobilleras o dispositivos de oreja, que permitan saber donde están ubicados.
Según la Ministra de Justicia, deben contratar la compra de los brazaletes o dispositivos de rastreo, implementar el sistema informático de control y coordinación directa con la Fuerza Pública en caso de que un reo destruya el dispositivo y se salga del perímetro establecido.
Ramírez afirmó que los dispositivos electrónicos aplicarían para quienes descuentan medidas cautelares o para quienes tienen una primera sentencia en firme que no supere los seis años. Beneficiaría, además, a madres jefas de hogar, personas con familiares con algún grado de discapacidad que sean dependientes económicamente y adultos mayores de 75 años.
El uso de dispositivos de rastreo no aplicaría para personas condenadas por delitos sexuales, crimen organizado o en el caso de quienes tenga delitos por uso de armas de fuego.
Los diputados deben aprobar el proyecto de ley en segundo debate para que el Ministerio de Justicia inicie con la implementación del plan piloto. Ramírez agregó que se deben buscar recursos de presupuesto para destinar a la compra de una mayor cantidad de dispositivos que permitan ampliar la cobertura a más privados de libertad.