Presuntos errores en sentencias tienen a 22 jueces bajo investigación ante la Inspección Judicial

CasosTodos los casos investigados donde se resuelve que un juez cometió un error o que favoreció a alguna de las partes tienen consecuencias administrativas, según presidenta del Tribunal de Inspección Judicial

Presuntos errores en la aplicación del derecho o la comisión de faltas graves, llevaron a 22 jueces de Costa Rica a un proceso de investigación ante el Tribunal de Inspección Judicial.

La presidenta interina del Tribunal de Inspección Judicial, Siria Carmona, explicó la mañana de este viernes en el programa Nuestra Voz, que el trabajo de esta entidad es investigar cualquier tipo de actuación que pueda afectar la credibilidad de la administración de justicia en el país.

"En este momento nosotros tenemos 22 causas por aparente error grave en tramitación ante la Inspección Judicial, que después de que estén listas en su instrucción pasan a conocimiento del órgano superior que en este caso sería la Corte Plena. Aquí no tenemos nosotros ninguna consideración en cuanto a nombres de quién fue, solo se aplica la sanción", señaló Carmona.

La Inspección Judicial abre procesos de investigación cuando recibe denuncias de personas implicadas en juicios contra jueces de la República que aplicaron el derecho en la resolución de un caso.

Estas acusaciones pueden ser presentadas de forma anónima y pueden señalar desde posibles errores o desbalances en la decisión del juez, hasta presuntos actos de corrupción por parte del árbitro legal.

"Nosotros aplicamos un procedimiento administrativo donde se le da la posibilidad a cualquier encausado de defenderse, este procedimiento se aplica con objetividad y con transparencia", subrayó Carmona.

Los casos resueltos por la Inspección Judicial son enviados al Consejo Superior conformado por los 22 magistrados de la Corte Plena del Poder Judicial para que ellos avalen las sanciones.

"La mayoría de las causas en donde el Tribunal de Inspección Judicial ha propuesto la revocatoria del nombramiento a un juez han sido respetadas por el Consejo Superior, que finalmente define si se aplica o no la sanción por una falta disciplinaria. Estos actos administrativos pueden ser impugnados en sede jurisdiccional ante el Tribunal Contencioso Administrativo", agregó Carmona.

Para la jueza, el tratamiento que le ha dado la prensa a la cobertura de casos donde presuntamente jueces de la República han tomado malas decisiones o han dejado en libertad a sospechosos de delitos, genera un duro golpe a la credibilidad de la administración de justicia.

Críticas a la judicatura

Carmona fue enfática: "Le ruego a la prensa, a los medios de comunicación, que las noticias se hagan en una forma responsable, porque no se dan cuenta que muchas veces se propone una noticia en menoscabo de la administración de justicia y eso rompe la credibilidad y debilita el Estado de derecho que somos".

La jurista garantizó que todos los casos investigados donde se resuelve que un juez cometió un error o que favoreció a alguna de las partes mediante un acto de corrupción tienen consecuencias administrativas y penales contra la persona que actuó mal.

"Desde el momento en que nosotros tenemos conocimiento de una posible causa de corrupción se abre el procedimiento disciplinario para determinar la certeza o no de esos hechos que se denuncian, se procede a solicitar como medida cautelar la separación del cargo con goce o sin goce de salario, eso lo determina el Consejo Superior", dijo Carmona.

La discusión sobre el trabajo de los jueces cobró relevancia esta semana, luego de que el ministro de Seguridad, Gustavo Mata; y el fiscal general, Jorge Chavarría, señalaran deficiencias en la resolución de casos por parte de los jueces.

“A nivel del Poder Judicial hay que revisar el ingreso de funcionarios, nosotros como Fiscalía y hemos logrado filtrar oferentes que no es conveniente que estén ahí adentro. Lo llevamos adelante del Poder Judicial, porque a lo interno esos filtros no están funcionando bien”, manifestó Chavarría, la mañana de este jueves.

El Ministro de Seguridad también pidió a los jueces ser más vehementes a la hora de resolver para que no dejen en libertad a personas que fueron capturadas mientras transportaban grandes cantidades de droga o que tienen ostentosos estilos de vida ligados al narcotráfico y el lavado de dinero.

La dudas sobre la labor de la judicatura se dieron luego de que el pasado lunes 15 de mayo, dos sicarios asesinaran a Elías Akl en Guachipelín de Escazú, mientras dejaban a su hija en el Colegio Mount View.

En la balacera también falleció uno de los guardaespaldas de Akl, identificado como Ángel Blanco de 23 años. Un niño de 6 años que caminaba por las instalaciones del centro educativo resultó herido por los disparos.

La Fuerza Pública detuvo a Ziad Akl, hermano de Elías Akl, la mañana del lunes 15 de mayo en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, cuando pretendía huir del país tras el asesinato de su pariente.

Según versiones de vecinos de Escazú, los hermanos Akl tenían un estilo de vida ostentoso, con vehículos de lujo, casas grandes y fiestas donde podían llegar a gastar hasta $1.500 en una sola noche, además siempre andaban bajo la protección de al menos cuatro guardaespaldas, de acuerdo con informes judiciales.