Programa “Mi primer empleo” enfrenta "inconvenientes presupuestarios", admite Ministro de Trabajo

Pendientes​Asignó como “tema prioritario” al viceministro del Área Social, Juan Alfaro, el pago de los sumas pendientes por el programa

El programa “Mi primer empleo” del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) presenta "inconvenientes presupuestarios", admitió este lunes el jerarca de la entidad, Alfredo Hasbum, tras una denuncia presentada por un microempresario en el programa radiofónico Nuestra Voz.

La iniciativa fomenta la contratación de poblaciones más afectadas por el desempleo con el pago de un incentivo proveniente del Estado, pero el emprendedor Michael Camacho denunció que su empresa efectuó la contratación de tres personas bajo las especificaciones del programa a finales de 2015, pero a la fecha el Ministerio no ha efectuado los pagos semestrales que corresponden al convenio firmado.

“Quiero reconocer que ‘Mi primer empleo’ es un programa en el cual se han dado inconvenientes de carácter presupuestario. Eso ha hecho que, a pesar de que se asignaron bastantes contratos, la atención de los mismos no se ha hecho con la prontitud que uno hubiera querido que se haga, por lo que se ha hecho paulatinamente”, explicó el Ministro.

Hasbum aclaró que al inicio de su gestión y al cierre de la de su predecesor, Carlos Alvarado, se cancelaron aproximadamente ¢300 millones de los montos adeudados, y explicó que asignó como "tema prioritario" al viceministro del Área Social, Juan Alfaro, el pago de los sumas pendientes por el programa.

“Este problema está en vías de corregirse a muy corto plazo. Por supuesto que todos los contratos que se hayan firmado se van a atender”, sentenció el Jerarca.

El plan, que se puso en marcha en 2015, busca incentivar la contratación de hombres menores de 35 años, mujeres y personas con discapacidad principalmente en pequeñas y medianas empresas, las cuales recibirán un aporte estatal de ¢1.456.000 por cada persona contratada en el marco del programa.

El pago del beneficio se hace en dos tractos, el primer a seis meses de la puesta en marcha y el segundo al año de la firma del contrato.