Primeros 200 reos utilizarán brazaletes electrónicos en diciembre, sostiene Ministra de Justicia

Un máximo de 200 privados de libertad tendrán el beneficio de cambiar las celdas por el uso de un brazalete electrónico en diciembre de este año.

Lo anterior, a pesar de que la ley de Mecanismos Electrónicos de Seguimiento en Materia Penal fue aprobada desde julio del 2014.

"Finales de año (2016)" aseguró este jueves la Ministra a los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico que la llamaron a comparecer.

La jerarca detalló que este miércoles se cerró el concurso para hacer la contratación directa a una empresa nacional, esto después de que el Ministerio desistiera contratar a una del exterior por sus altos costos.

Radiográfica Costarricense (RACSA), respaldada por Gobierno Digital y el ICE, como también la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) fueron los únicos concursantes. De ellos dos se escogerá una opción en menos de un mes, afirmó Sánchez.

La seleccionada debe de garantizar que el servicio de monitoreo sea a tiempo real, lo que significa entre 1 y 2 minutos de diferencia entre el Data Center de la empresa y el departamento de Monitoreo del Ministerio de Justicia.

Otro de los requerimientos es que la firma contratada garantice la estadía de un funcionario vigilante las 24 horas, los siete días de la semana.

Ampliación

Sánchez solicitó a los legisladores una apertura para que permitan hacer una modificación a la ley para que se amplíe el beneficios a más privados de libertad que lo que se permite en la actualidad.

Los posibles beneficiarios que establece la legislación actual son a quienes se les imponga una condena no mayor a seis años y que sea por primera vez, también a madres de menores de 12 años o dependientes enfermos o mujeres con embarazo avanzado.

Se abarca también la posibilidad de adultos mayores de 75 años, reclusos que sufran alguna enfermedad física, adictiva o psíquica, o males que no pueden ser atendidos en la cárcel, como también casos de violencia doméstica en los que al acusado solo se le hayan impuesto medidas de restricción hacia la víctima.

La justificación de la jerarca reside en que esta población detallada en la ley actual no generará gran impacto en el hacinamiento carcelario, que es el reto que tiene el gobierno.

Cada dispositivo de rastreo electrónico cuesta $15 diarios, mientras que mantener a un privado de libertad requiere de $48 por día.