Eximen a pequeñas empresas de pagar por tres años certificado por uso drones

Beneficio​Este decreto también favorece a todos los profesionales independientes que se cataloguen como Pymes y desarrollen actividades industriales, comerciales, de servicios o agropecuarias que desarrollen agricultura orgánica

Las empresas que utilicen drones para fines comerciales tendrán un régimen diferenciado que las eximirá de pagar $1.874,02 por tres años por concepto de certificación de explotación.

El beneficio se obtiene por medio de un decreto lanzado por el gobierno en el que se establece el beneficio a microempresas o emprendimientos certificados por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) por el uso comercial de Sistemas de Aeronaves Piloteadas a Distancia, con el objetivo de promover el desarrollo del sector, afirmó el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro.

El Decreto No. 39430-MOPT del 22 de setiembre del 2015 reformó el régimen tarifario para la prestación de servicios y facilidades aeroportuarias, en razón de la necesidad de incluir dentro de las tarifas, las correspondientes por concepto de certificación de empresa por drones.

"No obstante, hemos considerado oportuno consultar a la Procuraduría sobre los alcances normativos en razón de los cuales se habilitó el cobro por un monto de $1.874.02, cifra que se deriva del estudio emitido por el Departamento Financiero de la Dirección General de Aviación Civil por concepto de certificación de explotación por drones", apuntó Alfaro.

Este decreto también favorece a todos los profesionales independientes que se cataloguen como Pymes y desarrollen actividades industriales, comerciales, de servicios o agropecuarias que desarrollen agricultura orgánica.

El plazo de suspensión del pago inicia a partir de la primera inscripción al Sistema de Información Empresarial Costarricense.

Con la vigencia del decreto también entra a regir una suspensión del cobro por seis meses para todos los usuarios comerciales de drones, Pymes o no, con el fin de realizar una consulta formal a la Procuraduría General de la República sobre la legalidad del cobro.

Las actividades particulares, recreativas, de exploración e investigación con drones, no están sometidas al cobro, en tanto no responden a actividades de carácter comercial.