Por falta de estudios, proyecto de ley para trasladar docentes al Magisterio es inconstitucional

Por falta de un estudio técnico y científico que permita determinar el impacto real sobre las finanzas públicas, la Sala IV declaró inconstitucional el proyecto de ley que permitía el traslado de un grupo de docentes del Régimen de Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) al Magisterio Nacional.

La Sala IV resolvió este miércoles una consulta de constitucionalidad presentada por 22 diputados el pasado 21 de junio, mediante la sentencia N° 2017-11714 emitida al mediodía.

"Los Magistrados consideraron que el proyecto es inconstitucional por violar el artículo 73 de la Constitución Política, toda vez que carece de un estudio que determine técnica y científicamente cuál es el impacto real sobre la reserva del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, vicio que es de carácter esencial del procedimiento legislativo", señaló la Sala Constitucional en un comunicado.

El proyecto de ley 17.561Reforma del Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, fue motivo de polémica y discusión en junio anterior, debido a que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Hacienda señalaban que el traslado de los docentes al Magisterio Nacional provocaría un duro golpe a las finanzas públicas en momentos donde el país atraviesa un creciente déficit fiscal que asfixia los recursos del Estado.

El proyecto de ley fue aprobado en primer debate el pasado 7 de junio en el seno de la Comisión Plena I. El miércoles 21 de junio, un grupo de 22 diputados de diferentes bancadas envió una consulta facultativa a la Sala IV, donde pidieron a los magistrados declarara inconstitucional el texto porque atentaba contra la autonomía de la CCSS.

El texto propone que entre 1.847 y 6.000 docentes, que en 1995 se pasaron a cotizaron al régimen IVM, se trasladen de nuevo al Magisterio Nacional. Este grupo de educadores se fue para el régimen del Seguro Social porque las cuotas mensuales que debían aportar eran menores cada mes que las de JUPEMA.

El Ministerio de Hacienda estimó que el impacto para el fisco sería de hasta ¢11.000 millones anuales, con un escenario mínimo donde 1.847 personas se pasen del IVM al Magisterio. El escenario más negativo implicaría una erogación de ¢30.000 millones anuales, con un escenario máximo de 6.010 personas beneficiarias.

La CCSS también alertó que si se aprobaba la ley y este grupo de personas se trasladaba de régimen de pensiones, la institución perdería de un solo golpe una suma cercana a los ¢52.000 millones, los cuales no tiene disponibles porque se trata de aportes de los docentes que se han utilizado para pagar jubilaciones a otras personas.

El director ejecutivo de Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA), Roger Porras, aseguró que es falso que el traslado de un grupo de docentes del IVM al Magisterio vaya a generar un impacto en las finanzas de la CCSS. Además, señaló que el impacto en las finanzas públicas durante el primer quinquenio sería de ¢1.183 millones, y no de ¢30.000 millones anuales como señala Hacienda.

Los siete jueces coincidieron en que el proyecto es inconstitucional. La Sala estuvo integrada por los magistrados Nancy Hernández, Luis Fernando Salazar, Yerma Calvo, Jorge Araya, Ronald Salazar, Fernando Cruz y Fernando Castillo.