Será una “estafa ética” si Solís no destituye a Viceministra de la Presidencia, afirma diputado del PLN

resoluciónInforme que solicita salida de funcionaria por cobro de sobresueldo fue aprobado por los diputados

Si el presidente Luis Guillermo Solís no exige el reintegro de ¢30 millones cobrado de manera irregular por la viceministra de la Presidencia Ana Gabriel Zúñiga, y no exige su salida del cargo, sería una "estafa ética por falta de coherencia con lo que se le dijo al pueblo en campaña”.

Así lo manifestó el legislador liberacionista Rolando González la tarde de este jueves, luego de que la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa aprobó de forma unánime el informe donde se le pide a Zúñiga devolver los ¢30 millones que recibió como sobresueldo por concepto de pago por prohibición que no correspondía y se pide al gobierno la destitución de la funcionaria.

“Esperamos que las conclusiones del informe sean aplicables tanto a Zúñiga como a la exviceministra Trejos, ambos son actos ilícitos y el hecho de que sea trasladada no la libra de que tenga que ser separada totalmente, si es que el gobierno quiere mantener la tesis de transparencia”, indicó González, integrante del grupo que investigó el caso.

González de Liberación Nacional y Mario Redondo de Alianza Demócrata Cristiana, no ven otra salida para el presidente que no sea la destitución de Ana Gabriel Zúñiga.

El diputado verdiblanco considera que el PAC “es un partido que garantizó probidad y ha mostrado una liberalidad absoluta con esto que viene ocurriendo”.

Tanto Zúñiga como el director jurídico de Casa Presidencial Marvin Carvajal, asignado por el gobierno sobre este caso, no han querido referirse a los medios de comunicación tras conocerse el informe de la Procuraduría.

“Son temas donde se tiene que actuar con claridad. Esto evidencia una mala decisión del gobierno que no está para encubrir a nadie en esas circunstancias, incluso nuestro informe de comisión censura ese pésimo manejo ya que desde julio del 2015 ya estaban apercibidos y lejos de tomar providencia permitieron que esto se mantuviera”, afirmó por su parte el legislador Mario Redondo.

El informe legislativo se produce luego de que este miércoles la Procuraduría General de la República determinó que para ejercer la profesión de abogado es necesario estar incorporado al Colegio de Abogados, condición que Zúñiga no tiene, y por lo cual no puede recibir el pago por prohibición.

El pasado 9 de marzo, la viceministra de la Presidencia junto a la exviceministra de Vivienda, Ana Cristina Trejos comparecieron ante esta comisión por las presuntas irregularidades en el pago de esos incentivos. A ellas las acompañó el ministro de la presidencia, Sergio Alfaro y la contralora general Marta Acosta.

El informe pasará al plenario legislativo pero también será remitido a Casa Presidencial con el fin de que emita criterio sobre el tema.

El documento además hace una mención especial sobre el ministro de la Presidencia Sergio Alfaro, quien es señalado como uno de los responsables principales por el sobresueldo cancelado a Zúñiga y por “no detectar ni suspender el pago indebido de manera inmediata”.

La Comisión de Ingreso y Gasto Público ahora se enfocará en otro caso más, el del viceministro de Paz, Víctor Barrantes.