Los acusados por el Ministerio Público serán mandos medios
30/09/16 | 09:58am
Entre las 48 personas que el Ministerio Público acusará por peculado ó sustracción de fondos públicos en la construcción de la trocha fronteriza (ruta 1856) no figura ningún alto funcionario, jerarca o ministro de la Administración Chinchilla Miranda (2010-2014).
Más bien el señalamiento será contra mandos medios del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) y proveedores de maquinaria contratados por esa institución.
El fiscal general de la República, Jorge Chavarría, así lo reconoció este viernes en el programa radiofónico Nuestra Voz.
El jefe del Ministerio Público además compareció este jueves ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, en donde fue interpelado por los diputados por el lento avance del caso de la trocha y de otras investigaciones.
Ante la pregunta de la directora de Nuestra Voz, Amelia Rueda, sobre cómo se había podido orquestar el supuesto acto ilícito de la Trocha sin que altos jerarcas estuvieran enterados, el Fiscal respondió que los investigadores judiciales y auditores no habían encontrado prueba alguna que involucrara a jerarcas.
En febrero pasado, la propia Fiscalía reveló en Nuestra Voz que ¢2 mil millones, de los ¢24 mil millones que se invirtieron–aproximadamente– en la construcción de la trocha fronteriza, se destinaron a pagos ilegales.
Esa ruta fue un proyecto de la administración de la mandataria Laura Chinchilla y tenía como objetivo trazar una nueva conexión entre Costa Rica y Nicaragua.
En cuanto al proceso y la posibilidad de que los acusados lleguen a cumplir una condena en la cárcel, el fiscal Chavarría adelantó que a penas se está en la etapa de investigación, de hecho la acusación formal contra los 48 presuntos responsables aún no se ha formulado, él espera hacerlo antes de que acabe el año.
Adelantó además que la fase del juicio será un "martirio" y que los imputados tendrán la oportunidad de plantear recursos de revisión, apelación y casación.
Chavarría insistió en la importancia de revisar los mecanismos de prevención de corrupción en la administración pública y sugirió nuevas estrategias, por ejemplo la fiscalización de grupos de ciudadanos.
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