No voy a repensar mi pago porque está apegado a legalidad, dice Viceministra de la Presidencia

La viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga, se mantiene firme en su posición de defender el incentivo por prohibición que recibe desde asumió el cargo en el 2014, el cual representa el 65 por ciento en su salario.

"No voy a repensar el pago porque, insisto, mi pago de prohibición está apegado a la legalidad. A lo que establecen dos normas que son leyes vigentes de la República en este momento", manifestó la titular de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano.

Según dio a conocer el sitio web este lunes elmundo.cr, la Viceministra ha cobrado el plus salarial durante los 33 meses que tiene en el puesto, a pesar de no ser abogada (tiene pendiente la tesis) e incumplir por ende con el requisito de colegiatura profesional respectivo para devengar dicho beneficio.

La funcionaria rechazó estas acusaciones al fundamentar que la Ley de Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública establece que el cargo que ostenta no puede ejercer profesiones liberales y que misma legislación señala que la compensación económica es del 65 por ciento sobre el salario base fijado.

Adicionalmente, la Viceministra trajo a colación dos dictámenes de la Procuraduría General de la República (PGR) -C-263-2008 y C-340-2008- que indican que los bachilleres y egresados en derecho pueden recibir el plus pese a no estar colegiados como lo establece como requisito en la Ley de compensación por pago de Prohibición.

Aunque existen pronunciamientos anteriores sobre este tema con otros funcionarios, Zúñiga indicó que no se puede realizar interpretaciones personales de la normativa por casos distintos al mismo.

"No hay resolución específica de mi caso que indique que mi pago de prohibición es irregular" expresó.

Zúñiga rechazó los cuestionamientos de diputados de oposición que señalan falta de transparencia y corrupción en el que sería el tercer caso de pagos indebidos de viceministras.

En la actual administración la viceministra de Vivienda, Cristina Trejos y la de Gobernación, Carmen Muñoz, cobraron un incentivo en sus salarios pese a carecer de los requisitos. Ambas llegaron a acuerdos de pago para devolver el dinero al erario público.

Por concepto de prohibición, Zúñiga ha recibido 30,1 millones durante el tiempo que tiene en el cargo.

La Viceministra de la Presidencia afirmó que está dispuesta a someterse a cualquier investigación que soliciten desde la Asamblea Legislativa o cualquier otra instancia.

Ya las diputadas de oposición Sandra Piszk y Karla Prendas presentaron denuncias ante la Contraloría General de la República (CGR), las cuales están en análisis.