Vicepresidenta: CorteIDH determinará marco legal sobre derechos patrimoniales de parejas gay
Organización a favor de derechos de personas sexualmente diversas celebra opinión consultiva ante órgano.
26/08/16 | 17:18pm
Aunque el mecanismo se conocerá hasta que haya un pronunciamiento en firme, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) deberá determinar cuál será la vía adecuada a tomar en torno a los derechos patrimoniales para las parejas del mismo sexo en Costa Rica.
Así será una vez que finalice el proceso de opinión consultiva solicitada el pasado 18 de mayo y acogida este viernes por el Tribunal, indicó la vicepresidenta de la República, Ana Helena Chacón.
Aprobar una ley, emitir una resolución judicial o firmar un decreto ejecutivo, forman parte del abanico de opciones que puede establecer la Corte, en caso de que resuelva que el Estado costarricense debe garantizar derechos patrimoniales en favor de parejas del mismo sexo, dijo Chacón.
La administración Solís Rivera pidió al Tribunal esclarecer la protección que brinda la Convención Americana sobre Derechos Humanos al reconocimiento de los derechos patrimoniales derivados de un vínculo entre dos personas homosexuales.
También se solicitó someter a consulta la posibilidad de permitir el cambio de nombre de las personas, de acuerdo con su identidad de género.
Chacón indicó que la intención del Gobierno es el cumplimiento pleno de los derechos humanos en el país, por lo que recurrieron a esta vía pues lo que establezca la Corte es vinculante para todos las naciones que suscribieron la Convención.
El mecanismo para regular el tema de los derechos patrimoniales no está claro debido a que son múltiples las vías que podría resolver el Tribunal.
Lo que sí es un hecho es que Costa Rica debe acatar la determinación que realice la Corte una vez que finalice el periodo de la opinión consultiva.
La Vicepresidenta indicó que en cuanto al cambio de nombre por identidad de género, el procedimiento es más sencillo pues lo único que se debe hacer es que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) proceda a cumplir con las solicitudes que lleguen.
Chacón negó que hayan recurrido a la CorteIDH para saltarse el lento proceso que tienen proyectos como uniones de hecho en la Asamblea Legislativa.
Por su parte, la asesora legal de la asociación ciudadana ACCEDER, Larissa Arroyo, celebró la opinión consultiva y la apertura para buscar garantías de derechos para la población no heterosexual.
La abogada señaló que presentarán sus observaciones al proceso pero que se tomarán su tiempo para evidenciar los vacíos legales en el cumplimiento de la Convención.
Arroyo insistió en que la figura que debe promoverse para garantizar los derechos de las parejas del mismo sexo es el matrimonio igualitario para que se brinde igualdad frente a uniones heterosexuales.
La opinión consultiva, la cual estará vigente hasta el 9 de diciembre de este año, permitirá a cualquier individuo, institución u organización interesada presentar una observación escrita sobre el tema.
Dichos aportes se deben enviar al correo electrónico tramite@corteidh.or.cr o de manera física a la sede de la Corte en Los Yoses de San Pedro.
Posterior a ese proceso, el órgano emitirá un pronunciamiento basado en los argumentos que se presenten.