#CRLibredeTabaco

5 personas mueren al día en Costa Rica por causas asociadas al tabaquismo

Las personas que fuman tiene 20 veces más posibilidades de padecer cáncer de pumón que alguien que no fuma

¢129 mil millones inverte el sistema de salud cada año en tratar males derivados del fumado

9 de cada 100 muertes en el país son atribuibles al fumado

Fumar reduce esperanza de vida en seis años

Tabacaleras apuestan a productos que suministran nicotina sin liberar humo

La ley antifumado cumple 5 años de vigencia; con números, cifras y criterios de los involucrados descubra el impacto de la normativa: sus logros, dudas y tareas pendientes

23 de cada 100 adultos en el país debió lidiar con humo de cigarro en bares pese a prohibición

Estudio para monitorear cumplimiento se hizo en 2015. Ley de Control del Tabaco cumple cinco años de vigencia.

El cigarro se esfumó de los bares y restaurantes de Costa Rica el 22 de marzo del 2012. El aire fresco entro por la fuerza, a través de una ley. Los meseros y bartenders redescubrieron el olor de los platillos y bocas que repartían a los comensales. La ropa de los clientes dejó de salir apestando a humo y las cabelleras se liberaron de la ceniza que se impregnaba en ellas.

Un escenario que fue un paraíso para muchos, pero, para otros, una simple fantasía. Esto debido a que los ambientes libres de cigarro, uno de los principales objetivos de la Ley General de Control del Tabaco y sus efectos nocivos en la salud –firmada hace cinco años– no siempre se respeta: 23 de cada 100 ticos consultados dijeron haber estado expuestos a humo de segunda mano en bares y clubes nocturnos en los 30 días anteriores al momento en que se les aplicó la Encuesta Mundial de Tabaquismo en Adultos (GATS, por sus siglas en inglés), en el 2015.

La encuesta también reveló que 7,9% de los adultos estuvieron expuestos al humo de segunda mano en restaurantes; y un 6,3% en su lugar de trabajo.

Humo de Segunda Mano

Porcentaje de personas que dijeron haber estado expuestas a humo de cigarro según lugar donde ocurrió

Fuente: Encuesta GATS

De este primer acercamiento, se puede deducir que –en muchas oportunidades- el cigarro pudo más que la ley, pese a que esta esteblece sanciones económicas tanto para el dueño del local que pemite la irregularidad como para el fumador que violenta la prohibición.

Las multas por violar la normativa son de un 10% de un salario base para las personas que fumen en los sitios prohibidos; y de un 50% para los dueños, administradores on encargados de locales que permitan el fumado, entre otras.

La GATS es la primera encuesta independiente sobre consumo de tabaco realizada en el país; y es el estándar mundial para el monitoreo de los indicadores clave en materia de control del tabaquismo.

Para recolectar la información de la encuesta se emplearon dispositivos electrónicos móviles. Se tomaron muestras en un total de 9.680 hogares, y se seleccionó al azar a un individuo de cada hogar participante para responder las preguntas.

El estudio es un parámetro de evaluación del cumplimiento de la ley número 9028 que regula el fumado en el país. La cual, además de prohibir el fumado en bares, restaurantes, centros de estudio y trabajo, parques y paradas de bus, por ejemplo, también creó un impuesto específico para los cigarrillos, y obliga a diferentes instituciones como la Caja Costarricense del Seguros Social y al Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia a desarrollar estrategias claras para prevenir el consumo del tabaco y sus enfectos en la población.

Fiscalización ciudadana

El coordinador del Programa de Control de Tabaco del Ministerio de Salud, el doctor Roberto Castro Córdoba, es la autoridad en la materia relacionada con la ley 9028 y, precisamente, fue uno de sus principales impulsores junto con la Red Nacional Antitabaco. Él destaca que lograr que se respetara la prohibición de fumar en establecimientos comerciales no fue una tarea difícil, pues la ciudadanía se apropió de la ley, la hizo suya, la respetó y exigió que se respetara.

En muchos casos, relata el médico, ese proceso fue natural e inmediato; es decir, no fue necesario que un cliente alzara la voz o que un dueño de un bar exigiera a un consumidor que apagara un cigarro. Su posición es que la gente esperaba con ansias la normativa en defensa de su salud y comodidad.

Un criterio similar tiene el director ejecutivo de la Cámara Costarricense de Restaurante y afines (CACORE), Alejandro Madrigal, quien agrega que el principal problema que enfrentaron fue –en cambio- que algunos clientes se marchaban sin pagar la cuenta con la excusa de que saldrían de local a fumar.

Más manos, menos cigarros

La apropiación de la ley por parte de los ciudadanos y su fiscalización no es suficiente, y así lo demuestran los número de la la encuesta GATS. Para evitar que la ley se incumpla son necesarios inspectores que acudan a los locales para garantizar la aplicación de la norma.

El doctor Castro afirma que los vigilantes con los que cuenta actualmente el Miniterio de Salud no son suficientes y que los locales se las ingenian para escapar de su fiscalización. Por ejemplo, una vez que termina la jornada laboral de los funcionarios del Ministerio (ya en horario nocturno), al tanto de que no se harán más inspecciones, los dueños de los bares y restaurantes se relajan y permiten a los clientes fumar...

Como respuesta, el Estado asignará a 30 personas de la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional (UNA) para que contribuyan con la inspección y cumplimiento de la ley 9028. Los nuevos colaboradores tabajarán por todo el país, aunque se dará énfasis en las zonas fuera del Valle Central. Se proyecta que iniciarán labores antes de que finalice el segundo semestre del año.

Ingresos por recaudación del impuesto antitabaco se redujeron 22% en cuatro años

Hacienda atribuye baja a menor consumo de cigarros autorizados y a un incremento del comercio ilegal

La cantidad de dinero que ingresa a las arcas de Hacienda por el impuesto específico a los cigarrillos ha venido disminuyéndose año tras año: entre el 2013 y el 2016 la cifra cayó un 22%.

En números absolutos, la cifra pasó de ¢38.859 millones a ¢30.502 millones en el periodo señalado.

Una baja en el consumo de cigarros legales, producto de la ley antitabaco que entró en vigencia hace cinco años, aunado a un incremento del tráfico ilegal del producto (que no paga impuesto) son las razones que explican la disminución, indicó a AmeliaRueda.com, el viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez.

La Ley General de Control del Tabaco y sus efectos nocivos en la salud (ley número 9028) introdujo en su artículo 22 la creación de un impuesto de ¢20 por cada cigarro. Ese monto anualmente se actualiza por el Ministerio de Hacienda con base a la variación del índice de precios al consumidor. Actualmente está en ¢22.64.

Tales recursos deben usarse para financiar campañas y programas contra el fumado.

Millones de cigarrillos ilegales

Para Tabacalera Costarricense y British American Tobacco, principales compañías tabacaleras que operan en el país, ese canon golpeó la industria nacional e hizo que, seducidos por precios más bajos, muchos consumidores buscaran el producto en el mercado ilegal. Actualmente una cajetilla producto del tráfico irregular cuesta unos ¢800, mientras que, en promedio, las que se venden en supermercados o tiendas y cumplen la legislación cuestan el doble.

El precio del vicio

Nota: Cálculo con el precio promedio del cigarro en la actualidad

En resumen: menos venta de cigarros legales equivale a menos ingresos para las tabacaleras y, por ende, hay una menor recaudación del impuesto.

El viceministro Rodríguez asegura que existe la posibilidad que haya menos consumo de cigarro debido a la ley 9028, la cual, además de crear el impuesto, prohíbe fumar en bares, restaurantes, parques, paradas de bus, centros de trabajo y estudio; y, también, obliga la colocación de alertas sanitarias en los empaques, los cuales no pueden tener menos de 20 unidades. No obstante, a su criterio, la principal consecuencia de la ley fue que el comercio ilegal de cigarrillos se elevara de forma dramática.

“Es un problema muy grave, consume el 70% de la labor de la Policía Fiscal”, alertó Rodríguez.

Del 2012 al 2013, primeros años en que se aplicó la ley antitabaco, la cantidad de cigarros decomisados pasó de 2.3 millones a 21.8 millones, lo que equivale a un aumento de 826%.

El año pasado la cifra de decomisos llegó a 89.8 millones.

Hacienda calcula que en el 2016 dejó de percibir en impuestos un total de ¢3.262 millones por el comercio ilegal de cigarros.

Los portillos de la ley

Para Rodríguez la gran falla de la ley es que no contempló un método para dotar de recursos económicos a la Policía Fiscal en su lucha contra el tráfico ilegal de cigarros.

La normativa, en su artículo 29, establece que el dinero recaudado por el impuesto a los cigarrillos se distribuye en cuatro instituciones: la Caja Costarricenses del Seguro Social (con un 60% del total de lo recaudado), el Ministerio de Salud (20%), el Instituto Costarricense del Deporte (10%) y el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia (10%).

Consultado sobre la falencia señalada por el viceministro, el coordinador del Programa de Control de Tabaco del Ministerio de Salud e impulsor de la ley 9028, Roberto Castro, afirmó que antes de que la legislación fuera aprobada en la Asamblea Legislativa se le propuso a la Comisión de Asuntos Sociales –encargada de analizar el texto– que del 20% que le correspondía a Salud por los impuestos se tomara la mitad (lo que representaba el 10% del total recaudado) para destinarlo a acciones contra el comercio ilícito de cigarros. Sin embargo, los diputados de entonces no acataron la recomendación.

Menos de la tercera parte de denuncias por irrespeto a ley antitabaco terminó en multa

En cinco años de vigencia de la ley se atendieron 2.282 quejas

Un total de 2.282 denuncias se han interpuesto ante el Ministerio de Salud por la violación a la Ley General de Control del Tabaco y sus efectos nocivos en la salud (ley 9028) desde que la normativa entró en vigencia hace cinco años.

Del total de denuncias presentadas, un 88 por ciento cumplía con los requisitos para ser investigadas por Salud. En total, solo el 30 por ciento de las quejas planteadas (703) terminó en una multa.

Estos datos se extraen del registro de infracciones que el artículo 35 de la ley obligó al Ministerio de Salud a desarrollar y a alimentar.

Sin embargo, pese a la disposición legal, la bitácora presenta una serie de carencias esenciales que impiden un adecuado monitoreo de las sanciones y faltas.

Por ejemplo, a la hora de confeccionar el documento no se detalló el tipo de falta ni quién fue el infractor o el tipo de sanción aplicada, por lo tanto es imposible saber cuales son las principales violaciones a la normativa y, por ende, diseñar estrategias específicas.

Fumar en lugares prohibidos, como parques, paradas de bus, universidades, o restaurantes, publicitar cigarrillos, irrespetar la obligatoriedad de etiquetar con alertas sanitarias los empaques de cigarro, permitir que la clientela fume en un local, son algunas de las violaciones a la ley 9028; mas no hay una especificación en el registro.

“El lío con la base de datos es que se construyó para efectos estrictamente legales, no está contemplada desde el punto de vista del interés del gestor. Se equivocaron, hubo un error en la gestión y desarrollo del software (donde se introduce la información)”, reconoce el coordinador del Programa de Control de Tabaco del Ministerio de Salud, el doctor Roberto Castro Córdoba.

Salud entregó a AmeliaRueda.com la base de datos de las infracciones hasta seis semanas después de que se le solicitó y tras varios requerimientos por escrito.

Castro indicó que luego de darse cuenta de las falencias del registro asignó a una personas a realizar los cambios para que la información procesada incluya los datos necesarios para monitorear el incumplimiento de la ley.

Lo que sí permite la base de datos actual es comparar la cantidad de denuncias por regiones.

Recuento de infracciones

Cantidad de faltas por cada región

  • Brunca
  • Central Este
  • Central Norte
  • Central Occidente
  • Central Sur
  • Chorotega
  • Huetar Caribe
  • Huetar Norte
  • Pacífico Central
Fuente: Ministerio de Salud

Exfumadores requieren 15 años de abstinencia para recuperar salud tras dejar el cigarro

Cantidad de consumidores de cigarro en el país cayó casi 3% tras aplicación de ley de control de tabaco

Veinte veces más posibilidades de padecer cáncer de pulmón; riesgo de cáncer de cérvix, próstata, riñón, hígado, esófago, además de úlceras, gastritis, mala condición física, mal aliento y en promedio seis años menos de vida… Las consecuencias del cigarro no son una cortina de humo.

De todas las muertes ocurridas en Costa Rica en el 2015, 9,3% se atribuyeron a males provocados por el cigarro, en números absolutos la cifra fue de 1.747.

La patología asociada al tabaquismo que más causó muertes en ese periodo fue la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (432 casos); seguido por el infarto al miocardio (212 casos) y el cáncer de pulmón (188 casos).

Nada de eso es nuevo, los médicos y expertos en salud pública llevan años advirtiendo al fumador que deje el vicio; pero el quid del asunto es que no basta con dejarlo: se requiere adoptar un estilo de vida saludable y mantenerlo por más de una década de forma ininterrumpida para sanear al cuerpo de todo el daño causado.

La coordinadora de la Comisión de Implementación y Fortalecimiento del Programa de Cesación de Fumado de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), la doctora Wing Ching Chan Cheng, precisó que los fumadores requieren de un lapso de abstinencia que oscila entre 10 y 15 años para recuperarse y así evitar males de salud derivados del tabaquismo.

De tal forma, si una persona deja de fumar a los 35 años, no será hasta tener entre 45 y 50 años que su cuerpo termine de limpiar las efectos nocivos del fumado, y eso si lleva un estilo de vida saludable.

Claramente el impacto que puede causar el tabaco en el organismo dependerá de cuánto fumó cada persona y por durante el tiempo que lo hizo. Los médicos establecieron una fórmula para calcular el nivel de afectación a la que denominaron “paquetes año”, que se obtiene al multiplicar el número de cigarros que se consumieron por día por la cantidad de años. El resultado se divide entre 20. Por ejemplo una persona que fumó 10 cigarros al día por un lapso de 15 años tiene un “paquete año” de 7,5.

Entre más cerca se esté de 10 “paquetes año” más propensa es la persona de padecer enfermedades vinculadas al tabaquismo que podrían comprometer su vida, explicó Chan Cheng.

Las huellas del tabaco

0
10
20

Menos fumadores en Costa Rica

La cantidad de fumadores en el país se ha ido reduciendo, según los datos más recientes del Instituto de Alcoholismo y Fármacodependencia (IAFA). En el 2010 un 18% de los hombres fumaba, así como un 8,6% de mujeres; para el 2015 (el estudio se hace cada cinco años) el porcentaje de los fumadores era de 15,4% y el de fumadoras de 5,5%.

Además, la encuesta Mundial de Tabaquismo en Adultos (GATS, por sus siglas en inglés), desarrollada en el país en el 2015 de forma independiente al IAFA reveló que la cantidad de fumadores de tabaco en el país es de 8,9%. De los fumadores, 13,4 por ciento es varón y 4,4% es mujer. Esta encuesta solo se ha hecho una vez en Costa Rica, de manera que no es posible compararla con datos de otros años.

Pese a que la cantidad de fumadores ha disminuido el presupuesto de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) para atender males asociados al tabaquismo se ha incrementado. Del 2009 al 2013 pasó de ¢58.193 millones a ¢83.792 millones, lo que representa un alza del 44%.

Menos Humo

Porcentaje de personas que fuma en el país

  • 2001
  • 2006
  • 2010
  • 2016
Fuente: IAFA

Salud solo ejecutó 16% de los recursos del impuesto antitabaco dirigidos a combatir el fumado

El promedio de ejecución del IAFA es de solo un 25%

De cada ¢100 girados al Ministerio de Salud por el impuesto a los cigarrillos solo ¢16 se destinaron a financiar campañas y programas antifumado, tal y como lo establece la ley. El resto regresó a las arcas de Hacienda y corrió la misma suerte que casi todo el dinero proveniente de presupuestos subejecutados: se destinó a la deuda pública.

La cifra del 16% de ejecución por parte del Ministerio de Salud de los recursos provenientes de la Ley General de Control del Tabaco y sus efectos nocivos en la salud (ley 9028) es un promedio de tres años, pues aunque la normativa fue firmada el 22 de marzo del 2012, la institución no proporcionó datos específicos correspondientes al 2012 y 2016.

En el 2013 la ejecución fue de ¢595 millones, lo que representó un 9% del total girado; en el 2014 fue de ¢1.013 millones, 19% del dinero con el que se contaba; y en el 2015 de ¢1.018 millones (22% del total recaudado).

La ley 9028 introdujo en su artículo 22 la creación de un impuesto específico de ¢20 a cada cigarrillo, ese monto anualmente se actualiza por el Ministerio de Hacienda con base a la variación del índice de precios al consumidor. Actualmente está en ¢22.64.

Además la normativa detalla, en su artículo 29, que el dinero recaudado por ese tributo se debe distribuir en cuatro instituciones: la Caja Costarricenses del Seguro Social (la asignación es de un 60% del total recaudado), el Ministerio de Salud (20%), el Instituto Costarricense del Deporte (10%) y el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia (10%).

En todos los casos el dinero debe invertirse en acciones y campañas contra el fumado y sus efectos.

Trabas y débil gestión

El coordinador del Programa de Control de Tabaco del Ministerio de Salud, el doctor Roberto Castro Córdoba, explicó la baja ejecución se debe a “una serie de asuntos administrativos internos” que han dificultado la presentación, seguimiento y aprobación de los distintos proyectos, no obstante, aclaró que ya se tomaron acciones para centralizar el proceso y así volverlo más ordenado y eficiente.

Otro de los argumentos que esgrima Salud es que algunos proyectos se encuentran asociados a procesos que aún están en trámite administrativo establecido por la Ley de Contratación Administrativa, improbaciones de propuestas por la autoridad presupuestaria y transiciones en las jerarquías del Ministerio.

Más allá de esta justificaciones, el doctor Castro sostiene que su objetivo es gestar una ley y no ejecutar un presupuesto; es decir, que lo importante, a su criterio, es invertir el dinero cumpliendo el espíritu de la normativa: prevenir y batallar el consumo del tabaco.

Una lista proporcionada por el Ministerio destaca entre las inversiones con fondos provenientes de la ley 9028 la adquisición de flotilla vehicular, campañas de mercadeo y redes sociales dirigidas a adolescentes, mobiliario de oficina para los departamentos encargados de los planes antifumado, equipos de computo, y el programa “Ponele a la vida” (plan que fomenta un estilo de vida sana entre los jóvenes).

IAFA, ICODER y CCSS

Al igual que Salud, el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) tiene un bajo porcentaje de ejecución; el promedio durante los cinco años que lleva vigente la ley es de un 25%. El año con mayor ejecución fue el 2016 con un 60%, y el de menor, el 2013, con un 14%.

El director general de la institución, Luis Sandí Esquivel, reconoció que la baja ejecución obedece a una falta de capacidad de gestión debido a la carencia de personal para desarrollar proyectos y la limitada experiencia: “Nunca habíamos tenido tanto dinero”, confesó.

Mucho de los proyectos, detalló, fueron rechazados por la Contraloría General de la República y hubo otros, como la compra de inmuebles, que no se lograron materializar pese a estar presupuestados.

Sandí indicó que a lo largo de estos años han pulido el proceso y mejorado la gestión, prueba de ello la mejora en el porcentaje de ejecución para el 2016.

La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) es la entidad que recibe el mayor porcentaje de los recursos de la normativa antifumado (¢6 de cada ¢10 recaudados). Del 2012 al 2016 la suma que percibió la institución por la ley 9028 fue de ¢93.261 millones.

El promedio del porcentaje de ejecución de esa institución fue de 23%.

No obstante, el doctor Gonzalo Azúa Córdova, director ejecutivo del proyecto de fortalecimiento de la atención del cáncer de la red de servicios de la CCSS, enfatizó que todos los recursos provenientes por la ley 9028 ya están comprometidos con determinados proyectos y adquisiciones, y que se van a ir ejecutando conforme estos avancen. “Los fondos no están en la caja única sino que se mantienen como parte de los ingresos de la Ley 9028 y para los proyectos específicos”, recalcó.

En cuanto al Instituto Costarricense del Deporte (ICODER), el porcentaje de ejecución, en promedio, fue de 72%, el más alto de las cuatro instituciones.

Despidos masivos y restructuraciones: los efectos de la ley antifumado en las tabacaleras del país

Normativa creó un impuesto de ¢20 por cada cigarrillo

Una disminución en la industria de un 20%, un dramático incremento del comercio de cigarrillos ilegales, despido de cientos de colaboradores y un replanteamiento de la estructura operativa. Así resumen las dos principales tabacaleras del país el impacto que la Ley General de Control del Tabaco y sus efectos nocivos en la salud (ley 9028) tuvo en su negocio.

La normativa cumple este 22 de marzo cinco años de estar vigente, cinco años en los que Tabacalera Costarricense, empresa afiliada a Philip Morris Internacional, y British American Tobacco Caribe y Centroamérica han tenido que adaptarse a la prohibición de fumar en bares restaurantes, centros de trabajo y estudio, parques, y a un impuesto específico para los cigarrillos que inicialmente fue de ¢20 por unidad, pero que anualmente se actualiza por el Ministerio de Hacienda con base a la variación del índice de precios al consumidor. Actualmente está en ¢22.64.

A eso hay sumarle la eliminación de las cajetillas de 10 unidades y de la venta de “cigarros sueltos”; así como la obligatoriedad de incluir mensajes sanitarios en las cajetillas: estos consisten en advertencias sobre los riesgos y daños a la salud que produce el consumo de tabaco por medio de imágenes fuertes de, por ejemplo, pulmones deteriorados por el fumado, ulceras y otros males físicos asociados al tabaquismo.

Golpe

La Gerente de Asuntos Legales y Externos para Costa Rica de British American Tobacco, Jessy Chacón, explicó que en el 2013, luego de la contracción del mercado y el aumento del comercio ilegal, provocados por el incremento de impuestos y la implementación de la nueva normativa, la empresa contrató a una compañía externa para que le brindara el servicio de venta y distribución de sus productos, por ello, debió prescindir de un 80% de su personal. En total fueron 110 personas despedidas. La empresa pasó de contar con 142 empleados directos en el 2012 a 32 para el 2013.

No obstante, luego de un año de operar bajo el nuevo modelo, se decidió regresar al sistema de distribución directa; desde entonces, señala Chacón, han mantenido una estructura organizacional estable, que incluye más de 100 empleos directos.

En un mismo tono, Susana Salas, Gerente de Asuntos Corporativos de la Tabacalera Costarricense indicó a AmeliaRueda.com que a finales del 2012 la compañía asumió la fabricación de cigarrillos para toda Centroamérica, lo que representó, de cierta manera, una “compensación” por los efectos causados por la ley 9028, en especial por el aumento significativo en los impuestos a los cigarrillos.

Además, la compañía –a nivel global– se concentra en redirigir el negocio a gran escala hacia productos que suministran nicotina sin liberar humo, la idea es que estos reemplacen al cigarrillo, un ejemplo de esta alternativa es el dispositivo electrónico iQOS.

Comercio ilegal

Las dos tabacaleras aseguran que han cumplido con todo los señalado por la ley, pero le tienen varias críticas, la principal de ellas es que se ha disparado el comercio de cigarros ilegales.

“El aumento de impuestos provocó una movilización de consumidores, quienes dejaron de consumir las marcas legales para adquirir productos ilegales que no pagan impuestos.

”Actualmente, el tabaco es uno de los productos que soportan la mayor carga tributaria en el país, lo que ha incrementado el costo de los productos legales de manera desmedida. Por ejemplo, mientras el producto legal se comercializa por un promedio de ¢1.500 por cajetilla, en el mercado ilegal, las cajetillas de contrabando pueden comprarse por ¢800”, denunció Jessy Chacón de British American Tobacco.

Las tabacaleras aducen que actualmente los cigarrillos ilegales representan más del 28% del mercado, cifra que se la atribuyen a la firma Euromonitor, que realiza estudios del comportamiento de productos en el mercado.

Su inquietud es compartida por el propio viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, quien catalogó el tráfico de cigarrillos ilegales como un mal “muy grave” y que crece a pasos de gigante.

En el 2016 se decomisaron 89 millones de cigarrillos ilegales. Ese número representa un incremento de 1940% con respecto al 2011 (4 millones de decomisos), un año antes de que entrara a regir la ley antitabaco.

Supervisión editorial y multimedia: Antonio Jiménez

Editora General: Amelia Rueda

Jefe de Redacción: Luis Valverde

Investigación y textos: Alonso Mata Blanco

Desarrollo y diseño: Nexus Digital