A finales de octubre, la Junta Directiva del Consejo de Transporte Público (CTP) tomó la decisión, por mayoría, de dar la concesión de la ruta 1502 Santa Cruz – San José a la empresa Tralapa, y de esta manera quitar el permiso que tenía la empresa Alfaro.

Cuatro de los tres miembros de la Junta Directiva del CTP decidieron acabar así, “a dedo”, con una disputa legal que tenía casi 20 años y se apartaron del criterio técnico que establecía que era necesario un concurso para asignar al nuevo concesionario.

La decisión tomada no solamente los separa del criterio técnico, sino que también es contraria los fallos de la Sala Constitucional y del Tribunal Contencioso Administrativo, entidad que ahora pide cuentas.

Mediante este documento, la jueza Sady Jiménez, mandó a llamar a toda la Junta Directiva del CTP para que expliquen las acciones tomadas y las razones por las que se separaron del criterio técnico.

La convocatoria es para este jueves 14 de noviembre y se indica que “deben apersonarse los directivos de dicha junta, so pena de que en caso de incumplimiento serán traídos con la Fuerza Pública”.

Decisión

Los cuatro miembros que votaron a favor de otorgar -sin previo concurso- la concesión a la empresa Tralapa fueron: Leda Patricia Mora, Helen Simmons, Jessie Vega y Asdrúbal Fallas, quienes son los representantes de los taxistas, Gobiernos Locales, usuarios y autobuseros, respectivamente.

En contra de la decisión votaron el viceministro de Transportes, Eduardo Brenes y el representante del MOPT, Rafael Chang. El ministro de Ambiente y Energía, Carlos Manuel Rodríguez, también es miembro de dicha junta y se abstuvo a votar en este tema.

Disputa

La disputa entre ambas empresas -Tralapa y Alfaro- inició en el año 2000 cuando a la empresa Alfaro se le adjudicó el servicio de Santa Cruz a la capital, tanto por Liberia como por el puente La Amistad, por resolución del Tribunal Administrativo de Transporte, ruta que antes ofrecía únicamente Tralapa.

Desde entonces se han realizado múltiples procesos de reclamos judiciales y recursos de amparo, por parte de las dos empresas, que establecieron que era necesario hacer un estudio técnico a lo interno del CTP, el cual se realizó y arrojó que para dar en concesión -adecuadamente- la ruta se debía realizar un concurso ya que la empresa Alfaro operaba el servicio con un permiso a la espera de concurso y se había impedido a Tralapa dar el servicio.

Sin embargo, la decisión de la Junta fue contraria a que resultó del estudio técnico y el pasado 25 de octubre decidió darle la operación a la empresa Tralapa y ahora deben dar cuentas ante las autoridades judiciales.

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