La nuevas regulaciones que se tramitaron bajo el expediente legislativo 21.049, “para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos”, se convirtieron oficialmente en Ley de la República este lunes con la publicación de su texto final en el diario oficial La Gaceta.

La nueva ley (número 9.808) realizó varias reformas y adiciones al Código de Trabajo, incluida la posibilidad de que los patronos suspendan el pago de salarios a sus empleados, cuando estos decidan participar en un paro laboral. Los salarios únicamente deberían reintegrarse “si en sentencia final se declara que los motivos de la huelga son imputables al patrono por incumplimientos graves”, dicta la nueva norma.

Lea: Aprobado en primer debate proyecto que permite suspender salarios durante huelga

El texto se aprobó recientemente con el apoyo de 36 legisladores, después de recibir dos modificaciones para evitar roces constitucionales. El proyecto inicialmente planteaba la posibilidad de disolver sindicatos por actuaciones ilegales de sus líderes y no había sido consultado a la Corte Suprema de Justicia, dos situaciones que los diputados corrigieron, después de que el proyecto fuese enviado a consulta de la Sala IV por 12 de sus oponentes.

Además de la suspensión de salarios, la nueva ley estableció listas de “servicios esenciales” y “servicios trascendentales”. En los primeros estará prohibida la huelga y en los segundos deberían existirá un plazo máximo de diez días naturales hasta que las partes lleguen a una solución consensuada o deban abrir un proceso de arbitraje.

Serán servicios "esenciales" los servicios de salud, seguridad pública, controles fronterizos, ferroviarios, de emergencia, los necesarios para el suministro de energía eléctrica y agua potable, el expendio de combustibles y los comedores escolares; mientras que serán servicios "trascendentales" los de recolección de basura, carga y descarga en los muelles, algunos trámites migratorios, los procesos de preparación de elecciones nacionales, los servicios bancarios de depósito y de retiro, los de administración de justicia y algunos trámites en aduanas y atención a pasajeros.

En el caso de la educación, la huelga “se podrá ejercer hasta por un plazo de 21 días naturales consecutivos o de 10 días naturales discontinuos”, también hasta una solución o un proceso de resolución alternativa.

Infografía huelgas

La iniciativa fue impulsada en el Congreso por el diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Carlos Ricardo Benavides. El presidente legislativo presentó el proyecto en octubre de 2018, poco tiempo después de iniciada la huelga de tres meses que sostuvieron varios sindicatos del sector contra el proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, mejor conocido como la reforma fiscal.

Benavides dijo haber encontrado varias falencias en los controles a este tipo de procesos, motivo por el que decidió proponer las reformas a la legislación vigente hasta ese entonces. Entre los cambios de redacción, Benavides planteó una prohibición más estricta y más clara de las huelgas políticas y contra políticas públicas.

Después de su primera aprobación en primer debate, el verdiblanco había destacado que el proyecto buscaba “terminar con abusos y entender que el derecho de huelga es un derecho constitucional que debe ser ejercido bajo cánones de racionalidad, sin pisotear los derechos de los costarricenses a la salud, a la vida y a la educación, y por los que la ciudadanía paga impuestos”.

Benavides también destacó la necesidad de reforzar las prohibiciones a los bloqueos en vías públicas y sabotajes, dos actividades que harán que una huelga sea ilegal por no ser "pacífica".

Una construcción conjunta

El proyecto además recibió varios aportes de diputados como la liberacionista Yorleny León o el socialcristiano Pedro Muñoz, quienes agregaron las listas de "servicios esenciales" y el rebajo de salarios, respectivamente.

El proyecto también contó con reformas como la que realizó la legisladora Ivonne Acuña, del bloque independiente Nueva República; quien agregó una pequeña excepción para la prohibición a las huelgas contra políticas públicas, “siempre que dichas políticas afecten de forma directa los intereses económicos o sociales de los trabajadores”.

Estas huelgas no podrían tener una duración superior a 48 horas, ni podrán reiterarse por el mismo motivo.

La nueva ley contó con el rechazo de sectores sindicales y políticos, incluido el de varios diputados en casi todas las fracciones representadas en el Congreso (excepto Restauración Nacional).

No obstante, el texto logró superar un largo camino y se aprobó con un amplio respaldo de 36 legisladores. Además, el presidente Carlos Avarado firmó el texto, recién el lunes pasado.

Vea la publicación en La Gaceta: Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos

ameliarueda.com

Investigaciones