125 personas han desfilado por comisión que indaga créditos bancarios otorgados a Sinocem y Coopeles

​Foro fue constituido el 19 de julio de 2017

09/11/17 | 16:58pm

Un total de 125 personas han desfilado hasta este jueves por la comisión de la Asamblea Legislativa que investiga los créditos bancarios otorgados al apoderado de Sinocem Costa Rica, Juan Carlos Bolaños, para la importación de cemento procedente de China; y a Coopelesca, para la compra del proyecto hidroeléctrico Agua Zarcas en San Carlos.

El motivo de tal pasarela fue para declarar, bajo juramento, en dos casos que son indagadas por presuntas irregularidades en las que incurrió el Banco de Costa Rica (BCR) al momento de la asignación de los préstamos, estrechamente ligadas a un tráfico de influencias que sobrepasa la independencia entre los Supremos Poderes.

La lista incluye a las personas que han llegado hasta ahora y no toma en cuenta las audiencias del auditor corporativo de esa entidad, José Manuel Rodríguez, y el economista vinculado a Coopelesca, Roy González, así como del presidente del Herediano David Patey; las tres programadas para este jueves.

Por el Salón de los Beneméritos edificio parlamentario pasaron altos mandos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Desde el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla, hasta el piloto de helicóptero de Bolaños, Roberto Arguedas; sin dejar de lado que los nueve diputados que integran el foro tuvieron que dejar su fortaleza para cuestionar en Casa Presidencial al presidente de la República, Luis Guillermo Solís.

"Creo que ha imperado la seriedad y a estas alturas, a horas de que se terminen las audiencias, yo podría a usted asegurarle que no hubo ni una audiencia que fuera pérdida de tiempo. Ninguna audiencia fue pérdida de tiempo", rescató la legisladora del Frente Amplio y secretaria de la comisión, Patricia Mora.

La congresista destacó, con indignación, que la comparecencia más simbólica es la del pasado 3 de noviembre, cuando se presentaron cuatro de los cinco magistrados titulares de la Sala de Casación Penal, para declarar sobre la desestimación de una causa contra los diputado Otto Guevara y Víctor Morales. La sesión en la que se decidió descartar la reapertura de las investigaciones en contra de los miembros del Primer Poder de la República tardó solo 10 minutos.

Mora se mostró preocupada por el involucramiento de importantes figuras del Poder Judicial, lo que ocasionado la suspensión del fiscal general Jorge Chavarría; el magistrado de la Sala Tercera, Celso Gamboa; su letrado Justo Pastor López; y la fiscal adjunta de Probidad, Transparencia y Corrupción, Sussy Valverde.

A criterio de la frenteamplista, el cargo que ostentan esas figuras es mucho más simbólico que la información que proveyeron, ya que apegaron a su derecho a guardar silencio.

"Yo insisto en que está ahí lo más peligroso de esta situación. Es ese el poder que no podemos permitir que se ponga en duda su integridad. Es ese poder. Aquí podrían ir los 57 legisladores a parar a la cárcel por delincuentes, que sería un sismo político, pero no se vería tan afectado nuestro sistema de derecho sucediendo aquí como si sucediera con el Poder Judicial. Esa es la columna vertebral de nuestra institucionalidad y de nuestro sistema de derecho", expresó Mora.

La parlamentaria además calificó como "lamentables" las audiencias de Chavarría y Gamboa, tanto por sus supuestas actuaciones como por lo que indicaron en el Congreso. Mora fue más allá y señaló como "una vergüenza nacional" al jerarca del órgano acusador del Estado.

Sobre la declaración de Solís, la diputada manifestó que le resultó "totalmente convincente", pero a su vez la misma reflejó que el caso del cemento chino no está tan claro como lo había querido dar a entender. Además indicó que, o el Mandatario ha mentido con claridad en las audiencias, o en su defecto quien ha incurrido en información falsa ha sido su amigo Morales.

En contraposición, la diputada resaltó la "esclarecedora" participación del director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Wálter Espinoza. Afirma que ese funcionario le permitió a ella y sus compañeros del foro recobrar su confianza en las investigaciones.

La policía judicial fue la que detalló en un informe que Morales y Guevara establecieron más de 800 contactos telefónicos con Bolaños, sin embargo, esta no fue prueba suficiente para reabrir las causas contra los parlamentarios.

El informe era conocido por Chavarría, pero este indicó que dos subalternos suyos fueron quienes desestimaron la causa mientras él se encontraba fuera del país.

Viceministros, directores de Aduanas, presidentes ejecutivos, juntas directivas de empresas y bancos, así como sus respectivos comités de riesgo, auditores, especialistas y exfuncionarios, también formaron parte del extenso listado de testigos.

Después de tres prórrogas solicitadas el foro y aprobadas por el Plenario, las audiencias están programadas para terminar este jueves. Para el 23 de noviembre se espera la entrega de al menos un informe final con recomendaciones parlamentarias para evitar que en el futuro se presenten nuevas irregularidades en el manejo de créditos.

Sin embargo, Mora adelantó a este medio que solicitaría que la fecha se atrase para aprovechar el recurso que le brindó la Fiscalía General a la comisión. Se trata de un experto en análisis criminal "cuya experiencia humana es aprovechable".

La diputada recordó que esos informes apenas contendrán dos de los préstamos que han sido denunciados por la prensa, y que "quedan haciendo fila" otros cuatro: Hidrotárcoles S.A., por $167 millones; Yanber, por $6 millones y ¢5 mil millones; ML Los Sueños Marriott y ML Hotel Belén, $65 millones; y Las Brisas, por $23,7 millones.

El foro fue constituido el 19 de julio del presente año.

Detenciones

Las pesquisas alrededor del cemento chino incluso ya han dejado un saldo de siete personas detenidas y bajo prisión preventiva. Juan Carlos Bolaños fue capturado el 3 de noviembres, en una serie de operativos conjuntos del Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial.

Los allanamientos terminaron ese día con el arresto de seis miembros de la alta gerencia del Banco de Costa Rica, entre los que destaca el gerente general suspendido, Mario Barrenechea.

También fueron detenidos el subgerente de Finanzas, Leonardo Acuña; el subgerente de Banca Minorista, Marvin Francisco Corrales; el subgerente de Banca Mayorista, Andrés Víquez; el gerente corporativo de Riesgo y Control Interno, Gilbert Barrantes; y otro funcionario de apellido Ramírez.

Si bien es cierto ambas investigaciones son independiente y no vinculantes, esos siete nombres fueron parte de la primera decena de comparecientes que visitaron Cuesta de Moras.

Incluso Barrenechea, Alvarado, Corrales, Víquez, Barrantes y Ramírez son 6 de las 14 personas que asistieron al foro legislativo en más de una ocasión.

Al congreso llegaron 17 funcionarios del BCR, incluida la exjunta directiva de esa entidad.

Ese ente financiero aprobó dos líneas de crédito por $30 millones a Sinocem Costa Rica para la importación de cemento chino.

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