160 funcionarios visitarán a familias en pobreza extrema para ayudarlas a obtener asistencia estatal

estrategia​Plan del gobierno crea figura de co-gestores para enlazar familias y red de instituciones que brindan asistencia

160 funcionarios visitarán puerta por puerta a 54.600 familias en pobreza extrema, en los próximos cuatro años, para ayudarlas a acceder a ayudas económicas que les permitan abandonar esa condición.

Los co-gestores son empleados del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) que servirán como puente entre esas familias y la red de instituciones públicas que ofrecen 14 programas de asistencia económica.

Los 160 co-gestores trabajarán directamente con 170 familias cada uno al año.

"Cada co-gestor realizará un plan de acción para cada familia, generará metas para y le dará seguimiento a los resultados", explicó este jueves por la mañana el ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, Carlos Alvarado, al presentar, junto al presidente de la República, Luis Guillermo Solís, la estrategia.

El gobierno le apuesta a sacar de la pobreza extrema a 65 por ciento de las 94.810 familias que viven en esa condición en el país.

De acuerdo con datos del IMAS, la pobreza se ha mantenido en un 20 por ciento durante las últimas dos décadas.

El plan -denominado Puente al Desarrollo: Estrategia Nacional para la Reducción de la Pobreza en el país- se enfocará en 75 distritos prioritarios, según mapas trazados por el gobierno, explicó la vicepresidenta, Ana Helena Chacón.

La atención se dará a 27.300 familias en 2015 y 2016 como un primer grupo y la otra mitad de las familias será atendida entre 2017 y 2018.

El restante 35 por ciento de familias en condición de pobreza extrema será atendido por las instituciones públicas que ofrecen programas de asistencia por medio de una relación bilateral entre las personas necesitadas y las entidades, agregó Alvarado.

Para atender a las primeras 27.300 familias, el gobierno destinará ¢89.900 millones en 14 programas de asistencias social como becas, ayudas sociales, financiamiento de estudios, capacitación, pensiones no contributivas y subsidios.

Ese monto es el mismo que se había presupuestado para atender a las familias en pobreza extrema este año, pero crecerá a ¢100 mil millones en 2016, según datos del IMAS.