57,5% de las exoneraciones fiscales carece de controles

#EstadodelaNacionCosto de exenciones fiscales equivale a un 5,92% del PIB, según estimaciones del Ministerio de Hacienda

El 57,5 por ciento de las 1.259 exoneraciones fiscales vigentes en el país carece de mecanismos de control. Esto quiere decir que 724 exoneraciones no cuentan con instrumentos o normas para verificar y dar seguimiento a la ejecución de estas dispensas tributarias.

La información se desprende de un análisis elaborado por AmeliaRueda.com a partir de la base de datos “Exoneraciones fiscales en Costa Rica”, que compila la totalidad de exenciones aprobadas entre setiembre de 1951 y mayo de 2014. La base fue creada para el XX Informe del Estado de la Nación, que se dio a conocer este martes.

Una exoneración es un instrumento de política fiscal, establecido por ley, que exime a algunas actividades o a contribuyentes del pago parcial o total de tributos específicos con el fin de propiciar el desarrollo económico de determinados sectores.

Los resultados del análisis evidencian que las 724 exoneraciones están contenidas en 291 leyes, y el 79,4 por ciento no define un plazo de vigencia a pesar de ser éste uno de los requisitos que deben cumplir las leyes nacionales cuando crean exoneraciones fiscales, de acuerdo con el artículo 62 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.

Casi la mitad de esas 724 exoneraciones ni siquiera especifican el impuesto que está siendo exonerado o establecen que se exime cualquier tipo de tributo. Un ejemplo es el artículo 14 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, donde se establece que: "Los bancos del Estado, estarán exentos de cualquier contribución o impuesto, presente o futuro, en todo el territorio de la República".

A su vez una cuarta parte de las normas sin herramientas de supervisión contempla múltiples exoneraciones tributarias.

El XX Informe del Estado de la Nación señala que esta carencia de medidas de vigilancia tributaria genera una incertidumbre jurídica que dificulta la estimación del gasto fiscal efectivo.

De acuerdo con Pamela Jiménez, economista del Estado de la Nación, la ausencia de controles y de claridad en los impuestos exonerados, limita el desarrollo económico y hace que la exoneración se pueda utilizar para fines distintos a los establecidos originalmente.

ECONOMISTA ESTADO DE LA NACIÓN, PAMELA JIMÉNEZ

¿Quiénes ganan?

Una tercera parte de las exoneraciones sin mecanismos de seguimiento benefician a funcionarios de organismos internacionales, organizaciones sociales y de interés público e instituciones públicas.

Por ejemplo funcionarios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de fundaciones; juntas cantonales de educación y hogares de ancianos e instituciones como los Bancos Estatales, Japdeva, Acueductos y Alcantarillados, el Instituto Mixto de Ayuda Social, la Universidad de Costa Rica, entre otros.

A ello se suma que tanto las exoneraciones del pago de impuesto de salida a personas específicas, así como el 83 por ciento de las exenciones a organizaciones vinculadas con la ONU y el 79 por ciento de las que benefician a instituciones públicas, tampoco cuentan con mecanismos de supervisión.

El 49 por ciento de estas iniciativas por la libre fueron propuestas por el Poder Legislativo, una tercera parte responden a Convenios Internacionales y solamente un 18,4 por ciento fueron concebidas por el Poder Ejecutivo.

Del total de 1.259 exoneraciones, el 23,1 por ciento están en condición de ser revocadas por caducidad en objetivo y temporalidad. Sin embargo, de acuerdo con la funcionaria del Estado de la Nación siguen vigentes, por lo que nada asegura que no se sigan utilizando.

“Por eso es tan importante hacer una limpieza de la legislación sobre exoneraciones“, manifestó Jiménez.

Según la última estimación del costo de las exoneraciones, realizada por el Ministerio de Hacienda, para 2014 las exoneraciones le costarán al país el equivalente a 5,92 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, ¢1.614.860 millones de colones, según las proyecciones sobre PIB del Banco Central de Costa Rica.