60% de leyes que ampliaron derechos durante el gobierno de Chinchilla carecen de respaldo económico
De 215 iniciativas, más de la mitad no tenía dinero para su ejecución, según Estado de la Nación
17/11/14 | 09:55am
En el gobierno de Laura Chinchilla se aprobó la ley 9162, que creó el expediente digital único en salud. En ella se establece, entre otras obligaciones, que la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) debe implementar un software, un marco regulatorio y dotar de capital humano al proyecto. Se agrega que “deberán desarrollarse los mecanismos necesarios para garantizar la sostenibilidad financiera del proyecto”.
Esta ley es parte de las 129 que se aprobaron durante la administración Chinchilla sin respaldo económico necesario para su ejecución.
El XX Informe del Estado de la Nación llama a esta práctica “promesa democrática sin sustento económico”, lo cual, según detalla el estudio, genera presiones sobre la institucionalidad democrática, que no tiene la capacidad para cumplir con lo dispuesto en las nuevas leyes, y por lo tanto, con las expectativas de la ciudadanía.
En total, en cuatro años de gobierno, se aprobaron 215 leyes que concedieron nuevos derechos a los ciudadanos, ampliaron los ya existentes o crearon nuevas obligaciones para el aparato institucional. De estas, al 60 por ciento no se les asignó recursos para su implementación.
Esta práctica fue mayor durante las dos primeras legislaturas -de 2010 a 2011 y de 2011 a 2012- en las que el 63,8 por ciento y el 68 por ciento, respectivamente, no tenía respaldo económico. En los dos últimos periodos, esta proporción se redujo, pero siguió siendo superior al 50 por ciento.
En comparación con años anteriores, en 2007 y 2008, el porcentaje de leyes aprobadas sin recursos fue de un 50 por ciento, mientras que en 2004 fue de un 35,3 por ciento.
De acuerdo con el investigador del Estado de la Nación, Steffan Gómez, ampliar los derechos de la población es positivo.
Pero hacerlo sin los recursos necesarios para tutelarlos es insuficiente, lo cual puede aumentar el descontento ciudadano frente al incumplimiento.
En la práctica
El diputado del Movimiento Libertario, Otto Guevara, comentó que esta práctica ha sido común en legislaturas anteriores y aseguró que esto genera cargas al Estado.
Mencionó que, por ejemplo, actualmente tiene paralizados varios proyectos hasta no tener estudios económicos que garanticen que hay dinero. "Si no hay plata, no deberían aprobarse nuevos proyectos de ley que carguen más el presupuesto", dijo.
Según explicó Guevara, los estudios económicos de los proyectos de ley se realizan a solicitud de los diputados y no de oficio.
Estos se pueden solicitar al Departamento de Servicios Técnicos del Congreso, al Ministerio de Hacienda y otros entes como la Contraloría General de la República.
De la misma manera, la jefa de la fracción legislativa del Partido Acción Ciudadana (PAC), Emilia Molina, anunció que están revisando proyectos de ley que amplían derechos, con el fin de garantizar su sostenibilidad económica en caso de que se aprueben.