79% de Hogares Comunitarios operan sin recursos adecuados para cuido de niños, revela Contraloría

Personal carece de formación académica para ofrecer atención integral a menores de edad

08/01/16 | 08:57am

La mayoría de "madres" a cargo de los 191 Hogares Comunitarios que forman parte de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (Redcudi) carecen de la formación adecuada para brindar una atención integral a los 2.042 menores de edad que tienen bajo su tutela.

Un 79 por ciento del personal que atiende los Hogares Comunitarios no cuenta con "un nivel académico de bachiller o licenciatura en educación preescolar o en alguna otra carrera afín que les permita brindar un servicio integral", señala el informe número DFOE-SOC-IF-18-2015 de la Contraloría General de la República (CGR), dado a conocer este jueves.

A falta de formación, las "madres" tampoco disponen de personal capacitado que las asista para lograr el desarrollo infantil deseado, ni existen programas de capacitación que mejoren de manera sustantiva su preparación, advierte el ente contralor.

El personal, por tanto, se limita al cuido de los infantes, incumpliendo así la Ley 9.220 con la cual se estableció que la Redcudi debe de garantizar el desarrollo infantil, prioritariamente de niños y niñas de cero a 6 años.

El investigador del Área de Servicios Sociales de la CGR, Manuel Corrales, señaló que, tras cinco años de su creación, la Redcudi no se ha conformado aún como un sistema que articule los diferentes actores inmersos en la misma.

investigador de la cgr, manuel corrales

La Red la conforman los ministerios de Educación Pública y Salud, el PANI, el IMAS, el Instituto Nacional de las Mujeres, el INA, la Dirección Nacional de CEN-CINAI, la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco) y las municipalidades.

Desigualdad

Otro de los puntos en los que enfatizó el en contralor fue el de las asimetrías entre las seis modalidades que conforman la Red de Cuido: cuatro del IMAS (34 Centros Infantiles Municipales; 191 Hogares comunitarios; 261 centros privados; 38 organizaciones de bienestar social), 439 CEN-CINAI y 36 centros del PANI.

"No hay garantía de que exista una calidad de función homogénea, y los Hogares Comunitarios fueron dejados de lado, lo que significa que se tiene atención clase A, B y C, por lo que se debe trabajar fuertemente en ello", indica el informe.

La remodelación de la infraestructura con que cuentan los Hogares Comunitarios y de los Centros Privados depende de la capacidad económica de la madre comunitaria o del encargado del centro, mientras que hay Cen-Cinai cuya infraestructura tiene más de 25 años, como el de Buenos Aires de Puntarenas, edificado en 1978 y hasta la fecha sin remodelar.

Por otra parte, la Contraloría constató que los Hogares Comunitarios son casas de habitación en las cuales las madres comunitarias adecuan un espacio para atender a los niños y niñas sin criterios técnicos que definan la suficiencia e idoneidad del mobiliario y material didáctico para el cuido y desarrollo infantil.

ministro de desarrollo humano, carlos alvarado

El Ministro de Desarrollo Humano, Carlos Alvarado, concuerda con el señalamiento de la CGR y aseveró que las autoridades están buscando la forma de que el beneficio se universalice para que se pueda dar la misma calidad de cuido y desarrollo a todos los niños que reciben de la Red, como también que se amplíe la cobertura a más menores.

Con esta finalidad, Alvarado sostuvo que se necesita un financiamiento de la Red adicional al 4 por ciento de los ingresos anuales del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), con el que actualmente se cuenta.

En esta línea, la Contraloría también señaló en su informe que "no se han definido para la Red otras fuentes de financiamiento alternativas, diferentes de la de FODESAF, que permitan garantizar el acceso universal de los niños y niñas del país a los servicios que se brindan, independientemente de su condición socioeconómica".

Los hallazgos son parte de una auditora la Redcudi, creada y declarada de interés público mediante Decreto Ejecutivo N.° 36020-MP del año 2010 durante la administración Chinchilla Miranda.

Fotografía tomada del informe DFOE-SOC-IF-18-2015.

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