Huelgas en salud, policía, muelles, transportes y servicios de luz y agua quedan prohibidas por decreto

restricciónPresidente Solís y tres ministros firmaron el decreto que entra a regir este jueves

Las huelgas en hospitales, cuerpos de policía, muelles, transportes que sean necesarios para garantizar la continuidad de otras labores esenciales, y en instituciones que brindan servicios de agua y electricidad, quedaron prohibidas a partir de este jueves mediante el decreto ejecutivo N° 38767-MP-MTSS-MJ.

El decreto lo firmaron el presidente, Luis Guillermo Solís, el ministro de Trabajo Víctor Morales, el ministro de la Presidencia Melvin Jiménez y la ministra de Justicia Cristina Ramírez.

ministro de trabajo, víctor morales

El ministro de Trabajo explicó que el decreto firmado se basa en el artículo 375 del Código de Trabajo, que prohibe las huelgas en servicios esenciales básicos, y detalla cuáles son esos servicios y el procedimiento que debe seguir el jerarca de una institución para garantizar la continuidad de un servicio en caso de paro de labores.

De acuerdo con el decreto, cuando exista un malestar anunciado dentro de la institución que pudiera culminar en una huelga, el jerarca debe iniciar un proceso de conciliación entre los trabajadores y la entidad con el fin de evitar el movimiento.

Si la huelga se concreta, el jerarca tendrá que reunir todas las pruebas necesarias para llevar el paro de labores a un juzgado y buscar que se declare ilegal. Esas pruebas le permitirán sancionar y despedir a quienes participaron en el movimiento una vez que sea declarado ilegal.

MINISTRO DE TRABAJO, VÍCTOR MORALES

El Ministro de Trabajo agregó, que para evitar la afectación a los usuarios “el jerarca de la institución podrá recurrir a la contratación o movilización del personal necesario para la continuidad de los servicios".

El decreto se convierte en la regulación y prohibición a las huelgas en los servicios públicos esenciales -ya contemplado en el artículo 375 del Código de Trabajo- mientras entra a regir la Ley Procesal Laboral en el 2016, luego de que el presidente Solís levantara el veto, el pasado 12 de diciembre, que impuso la exmandataria Laura Chinchilla en el 2012.