Nueva ley visibilizará por primera vez trabajo doméstico no remunerado

empleoNorma precisa de una encuesta nacional que deberá estar lista para el 2017

La aprobación, el pasado miércoles, de la nueva ley de contabilización del aporte del trabajo doméstico no remunerado le permitirá al país, y a las diferentes entidades gubernamentales, desarrollar políticas de protección y promover beneficios para este importante sector de la sociedad.

La nueva normativa viene a reconocer el esfuerzo que especialmente las mujeres dedican a las labores domésticas, y que tradicionalmente ha sido "invisibilizado" en el marco laboral por no incidir directamente en la economía nacional.

Área de gestión de políticas públicas del Inamu, Ana Rojas

"Esta ley redefine el concepto de trabajo para afirmar que las amas de casa trabajan, no para el mercado, pero sí para desarrollar las familias y que aportan desde muchos ámbitos para el desarrollo de la economía en el país, pese a que ese aporte no se refleje en las cuentas nacionales", explicó Ana Rojas, integrante del área de gestión de políticas públicas del Instituto Nacional de la Mujer (Inamu).

El primer paso para echar a andar con el cumplimiento de la ley será la realización de una encuesta nacional que permita no solo determinar la cantidad de personas que se dedican a labores domésticas no remuneradas, sino también el tiempo que le dedican y el tipo de trabajo que realizan.

"La idea es que durante el próximo año se defina con el Instituto Nacional de Estadística y Censo la metodología y logística que conlleva esa encuesta, así como todos los costos relacionados, para que una vez esté eso listo, se aplique en el 2017", añadió Rojas.

Una vez que concluya la encuesta y se tengan los resultados, se podrá proceder a la apertura de una cuenta satélite, que determinará y registrará el aporte de esas personas en la economía costarricense.

También, los resultados ayudarían al diseño de políticas públicas que permitan incidir y socavar la división sexual del trabajo, comprender mejor el traslado o movilidad de las personas, ampliar y diversificar las alternativas de cuido y abonar a los sistemas de protección social, entre otros.

Rojas adelantó que, si existe la voluntad política, la expectativa es que la ley empiece a producir resultados antes de que acabe la actual administración.