Abogados de parejas demandantes por caso FIV piden a Solís destituir presidenta de la CCSS
Defensores alegan que hay una falta grave por parte de la jerarca al desacatar la sentencia del 2012 de la CIDH.
09/11/15 | 11:25am
Por presunto desacato a la sentencia del 2012 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) los abogados de las parejas que demandaron al Estado por no permitírseles optar por la Fecundación in Vitro (FIV), presentaron este lunes una solicitud al presidente Luis Guillermo Solís para que destituya a la presidenta de la CCSS María del Rocío Sáenz.
"Consideramos que es necesaria una profunda investigación de la conducta de la señora Presidenta de la CCSS, y de sus actuaciones en representación de la institución, con el objeto de determinar si se justifica su despido del cargo que ocupa, por haber cometido presuntamente un hecho grave o gravísimo al no haber cumplido con la orden expresa de la Corte IDH y actuar en contrario a lo dispuesto en dicha sentencia", concluyen los abogados Boris Molina y Hubert May en el documento remitido a Solís y el Consejo de Gobierno.
Molina aseveró que la actitud de la María del Rocío Sáenz está irrespetando las normas internacionales vigentes en el país, como el ordenamiento jurídico al pronunciarse en contra del decreto ejecutivo No. 39210-MP-S el cual le ordena aplicar la técnica en un plazo máximo de dos años después de su entrada en vigencia.
En la solicitud de tres páginas los defensores de las parejas argumentan al gobierno que el hecho de que la CCSS defienda "el derecho de la vida del embrión", tal y como lo planteó su presidenta a la Sala Constitucional con respecto a sus posición sobre la acción de inconstitucionalidad interpuesta contra el decreto , "sería un desacato formal a la sentencia de la Corte IDH".
Molina aseveró que Sáenz mediante esa argumentación está tocando temas que ya fueron superados con la sentencia del 28 de noviembre del 2012, en la que se indica que ese Tribunal internacional concluyó que el embrión no tiene por qué ser tratado de manera igual a una persona o que tenga un derecho a la vida.
El pasado 15 de octubre, en un documento de 17 páginas el Estado le expuso a la Corte IDH los posibles escenarios si los magistrados declaraban con lugar o no la acción de inconstitucionalidad interpuesta contra el decreto Presidencial en contra del decreto presidencial, y en este se les otorgó 15 días hábiles a la Procuraduría y a la Presidencia de la CCSS "para que se manifiesten respecto del objeto de la acción de inconstitucionalidad".
La Procuraduría, por su parte, indicó que el decreto "no es procedente" debido a que contradice la Constitución Política al tratar de regular un derecho fundamental vía decreto y no una ley.