Abogados de parejas piden a Corte que obligue a diputados a aprobar FIV en 90 días

peticiones​Decreto para regular técnica es insuficiente, alegan

Uno de los defensores de las 23 parejas que demandaron al Estado por prohibir la Fertilización In Vitro (FIV) en el país, Boris Molina, solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que obligue a los diputados a aprobar la ley de regulación de la técnica en un plazo de 90 días.

De acuerdo con Molina y el defensor Huberth May, aunque se condena al Estado por el incumplimiento de la regulación, son un grupo de legisladores fundamentalistas los que obstaculizan el acatamiento de la sentencia al frenar la aprobación del proyecto de ley.

El defensor añadió que en caso de que la Corte suscriba la petición, se podrá demandar a los legisladores que se opongan a la reglamentación de la técnica por desacatamiento, y de esta forna será posible también hacerlos responsables por daños y perjuicios de las parejas que no pudieron optar por la técnica, debido a la vigencia de la prohibición.

Los abogados alegaron que aunque el Poder Ejecutivo presentó esta mañana un decreto para su revisión, es insuficiente el esfuerzo, debido que la Sala Constitucional se lo podría traer abajo como lo ha hecho en el pasado con otros intentos para que se permita la FIV.

Molina afirmó que el Poder Judicial ha sido enemigo de la FIV desde el momento en el que se trajo abajo el decreto que la regulaba.

Por su parte, May solicitó que se anulara esa prohibición de la Sala Consticuonal hasta que se cumpla con la sentencia de la Corte.

El director jurídico de Casa Presidencial, Marvin Carvajal, como uno de los agentes del Estado, defendió el decreto ejecutivo presentado este jueves en la mañana como uno de los principales avances que ha hecho el Estado para avanzar con la implementación de la técnica de reproducción asistida.

Además, señaló que la presentación de esta mañana no se trata de un acto tardío, ya que lo que se hizo fue respetar el espacio para que la Asamblea Legislativa avanzara en la aprobación del proyecto de ley.

Los abogados también pidieron a la Corte que se obligue a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a aplicar la técnica.