Acción de inconstitucionalidad busca anular ley que reduce refugio Gandoca-Manzanillo
Sala IV acogió el recurso para su estudio
23/01/15 | 09:56am
Una acción de inconstitucionalidad busca anular la ley que cede parte del territorio del refugio nacional de vida silvestre Gandoca-Manzanillo, en el Caribe Sur, a comunidades radicadas en esa zona y que fue aprobada por los diputados el 10 de marzo de 2013.
Se trata de una impugnación contra la iniciativa, denominada Ley de Reconocimiento de los Derechos de los Habitantes del Caribe Sur, que evita el desalojo por parte del Estado de los habitantes que están dentro de ese refugio.
La acción fue planteada por el ambientalista Marco Levy, de la Asociación de Desarrollo para la Ecología, el cual alega que la ley es inconstitucional porque reduce parte de una zona protegida del Refugio sin que se presente el requisito constitucional de compensación del área afectada.
El especialista en el tema ambiental del departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, Geovanny Rodríguez, comentó que antes de la aprobación de dicha ley se advirtió sobre la carencia de criterio técnico ambiental previo a su aprobación.
Según Rodríguez, el aumento de erosión en esas playas no fue considerado en el proyecto y esos habitantes deberán irse de esa zona en unos 20 o 30 años de esos lugares.
Otro vicio que señala el recurrente es que no se consultó a los pueblos indígenas y pobladores nativos de la zona, con antecedentes centenarios de vida en el lugar, como lo es la población afrodescendiente. Ese requisito se sustituyó por consultas a organizaciones no necesariamente representativas de esos grupos.
El refugio Gandoza-Manzanillo se encuentra ubicado en Limón y ocupa alrededor del 70 por ciento del Caribe Sur, con 5.013 hectáreas terrestres y 4.436 hectáreas marinas.
La nueva ley establece una reducción del 4 por ciento de su territorio, pero según Rodríguez, al sacar las medidas en un mapa, es un 12 por ciento.
La Sala Constitucional acogió el recurso para estudio desde el 17 de diciembre y llamó a audiencia a la Procuraduría General de la República y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación.