Acción de inconstitucionalidad frena juicios por evasión fiscal

Una acción de inconstitucionalidad interpuesta el 21 de diciembre de 2012 impide hasta la fecha- al Poder Judicial- realizar juicios por evasión fiscal.

La Sala Constitucional ordenó frenar cualquier proceso sancionatorio, que se base en el artículo 92 del Código de Normas y Procesos Tributarios, mientras estudia la acción bajo el expediente 12-006522-0007-CO.

El artículo establece penas de prisión de cinco a 10 años a quienes defrauden al fisco por un monto superior a 200 salarios base, suma que actualmente asciende a ¢200 millones.

Cuatro casos por evasión fiscal han sido elevados a juicio desde 2012, pero la acción imposibilita que se fijen las fechas de debate, y podría retrasar 22 casos más, que están en investigación o en etapas intermedias.

La recurrente, una ciudadana de apellidos Zamora Alvarado, aduce que en el Código Tributario un delito sujeto a una condena penal de cinco a 10 años de cárcel (monto defraudado superior a 200 salarios base) difiere de una falta no punible (monto defraudado inferior a 200 salarios base) única y exclusivamente por diez céntimos de colón en el monto defraudado al fisco, sin distinguir la gravedad de la conducta, la gradación de los montos defraudados, ni una escala de sanciones gradual.

Esta situación, argumenta la accionante, contravendría el principio de razonabilidad y proporcionalidad estipulado en el artículo 39 de la Constitución Política.

Según el procurador coordinador del Área Penal de la Procuraduría General de la República (PGR), José Enrique Castro, en el país ni un sólo caso de evasión fiscal tiene sentencia en firme. La única que se había dictado, fue precisamente contra la recurrente Zamora Alvarado, quien apeló el fallo, obtuvo su anulación y la orden de un juez para repetir el juicio desde el principio.

Sin embargo, el debate oral y público al igual que el resto de los casos, quedó en suspenso a la espera de la resolución de los magistrados constitucionales.

En este momento, el Ministerio de Hacienda reclama 27 deudas por evasión fiscal en los estrados judiciales, donde pretende obtener ¢28.322 millones, tanto por el monto defraudado como por el pago de intereses.