Proyecto que castiga a diputados por falta de honradez avanza en Congreso

Luego de sobrepasar la tempestad que significó el trámite de destitución del magistrado Celso Gamboa, los diputados llegaron a un acuerdo para avanzar en varios proyectos de ley que hacían fila en el plenario, entre ellos la iniciativa que castiga con la pérdida de credenciales a los legisladores que incurran en faltas al deber de probidad.

El proyecto, que se tramita bajo expediente 19.117 recibió su aprobación en segundo debate con el acuerdo de 41 legisladores. Sin embargo, a diferencia de otras iniciativas esto no basta para que entre a regir.

Por tratarse de una reforma constitucional el segundo debate le allana el camino para que el plan sea retomado en la siguiente legislatura; es decir, corresponderá a los siguientes diputados analizar el tema.

Esto podrá suceder, eso sí, si el Presidente menciona el tema y lo pone como una necesidad en su discurso del próximo 2 de mayo, lo que deja en manos del presidente Solís que el tema sea visto en lo que resta de 2018. La ley establece que esto es una obligatoriedad para poder ser discutido nuevamente.

Además, el proceso obliga a que en la discusión en segunda legislatura el proyecto requiera ser votado en tres debates distintos, no solo en dos, como ocurre normalmente con cualquier ley convencional.

El proyecto de ley, fue impulsado por el congresista de Acción Ciudadana, Ottón Solís desde el primer año de la actual administración, pero no fue sino hasta el final que fue retomado, en especial a la luz de los acontecimientos con el caso del cemento chino y la presunta implicación de diputados.

El texto plantea que sea incorpore el párrafo: "Los Diputados cumplirán con el deber de probidad. La violación de ese deber producirá la pérdida de la credencial de Diputado, en los casos y de acuerdo con los procedimientos que establezca una ley que se aprobará por dos tercios del total de los miembros de la Asamblea Legislativa", al artículo 112 de la Constitución Política.

Precisamente la ausencia de esta norma es el alegato que adoptó el presidente del Congreso Gonzalo Ramírez para no abrir ninguna causa administrativa contra los diputados Otto Guevara del Movimiento Libertario, Johnny Leiva de la Unidad Social Cristiana y el ahora independienteVíctor Morales Zapata.

La Procuraduría de la Etica remitió un informe al directorio legislativo donde analiza el caso de los tres legisladores y su relación con el empresario del cemento chino Juan Carlos Bolaños. "Precisamente porque no existe una norma, porque no existe castigo, se tomó la decisión que se tomó", dijo Ramírez el martes, al defenderse en el plenario de cuestionamientos sobre el tema.