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Alvarado ignora solicitud de Emilia Navas para vetar Ley de Justicia Restaurativa

Presidente trasladó a diputados las consideraciones expuestas por el Ministerio Público e Inamu

El llamado del Ministerio Público no fue escuchado por el presidente de la República, Carlos Alvarado, quien anunció este lunes la firma a la Ley de Justicia Restaurativa, aprobada por el Congreso a principios de mes.

El Mandatario señaló, mediante un comunicado de prensa, que aunque comparte las preocupaciones de la fiscala general de la República, Emilia Navas, y otras instancias que se oponían al documento, consideró oportuno el aval al texto debido a "las manifestaciones de buena fe de los diputados y diputadas en pro de reformar la norma".

A finales de la semana anterior, la Fiscalía solicitó el veto parcial al señalar la existencia de inconsistencias en el texto aprobado el 11 de junio pasado.

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Tanto el Ministerio Público como el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) habían mostrado su rechazo a la iniciativa tal y como estaba al momento de la aprobación, por lo que solicitaron cambios a la misma.

En el caso del Ministerio Público, se indicó que existían aspectos que afectaban a las víctimas.

"Creemos que es una buena forma de resolver conflictos entre las personas que han sido puestos en conocimiento de la administración de justicia, pero este proyecto de ley tiene que ser reformado y ajustado en tres aspectos: que afectan la independencia del Ministerio Público, que afectan a las mujeres víctimas de violencia y que afectan el presupuesto que está destinado para las mujeres víctimas de violencia", dijo en su momento la fiscal general de la República, Emilia Navas.

De acuerdo con estimaciones del Ministerio Público en total se estarían dejando de percibir ¢300 millones anuales para la atención en trabajo social, psicológica y legal de las víctimas de violencia.

Lea también: Plan Justicia Restaurativa desvía fondos destinados a víctimas a programas dirigidos a readaptar ofensores.

Por su parte, la ministra de la Condición de la Mujer, Patricia Mora, señaló que existe una incongruencia en el texto en discusión que debe subsanarse antes del segundo debate para excluir de cualquier beneficio a los violadores sexuales y agresores de género.

Presidencia aseguró que remitirá a los diputados las consideraciones expuestas por las instancias mencionadas anteriormente para que se corrijan los errores detectados.

"Demos una oportunidad al diálogo entre los Poderes de la República para superar los aspectos que deben mejorarse en esta importante legislación y asegurarnos el interés público con la exitosa aplicación de la Justicia Restaurativa", externó el Gobernante.

El ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza, reconoció que existen diferentes elementos en la ley que deben ser ajustados, por lo que dejarán en manos del Congreso esa tarea.

Los integrantes de la Comisión Plena Primera anunciaron el miércoles anterior un nuevo proyecto ley para reformar el expediente 19.935, de modo que se pudieran incorporar las observaciones de la Fiscalía, además de otras para que los agresores sexuales y de género sean excluidos de los programas de adaptación.

Como lo señala el propio texto de la ley "la justicia restaurativa se plantea como una herramienta alternativa a los procesos tradicionales de Justicia Retributiva en la solución integral del conflicto, creando una cultura de paz que impacta cuantitativa y cualitativamente en el Poder Judicial".

La iniciativa incluye tres programas: para personas ofensoras mayores de edad en conflicto con la ley penal, para personas ofensoras menores de edad en conflicto con la ley penal juvenil y tratamiento de drogas bajo supervisión judicial.

Esta modalidad ya existe, sin embargo, se planteó como legislación para darle solidez y contenido económico.

Fotografía cortesía de la Presidencia de la República.