Ambientalistas vencen en la Patagonia: sociedad desiste de megarepresas

Tras el rechazo del proyecto en 2014 por parte del Consejo de Ministros del gobierno de Michelle Bachelet, debido a su impacto ambiental, la empresa había presentado varios recursos judiciales para intentar revertir la medida.

Pero este viernes, el directorio de la sociedad -conformada por la chilena Colbún y la filial de la italiana Enel en el país- "anunció la liquidación de la sociedad y el desistimiento de los recursos judiciales pendientes".

También renunció a los derechos de agua, que en Chile son privados.

"El desarrollo de proyectos de las características de Hidroaysén requiere también de una política energética de amplio consenso nacional, condición que no fue posible alcanzar en este caso", señaló en un comunicado Thomas Keller, gerente general de Colbún, que poseía 49% de la propiedad.

La decisión se da además en un contexto de descenso en el valor de las energías, que no haría factible en términos económicos este proyecto, que consistía en la construcción de cinco centrales hidroeléctricas: dos en el río Baker y tres en el río Pascua, con una superficie total de 5.910 hectáreas y una generación de 2.750 MW.

El proyecto era fuertemente resistido por ambientalistas, que realizaron una campaña internacional bajo el lema "¡Patagonia sin represas!".

Inicialmente, la inversión del proyecto contemplaba unos 3.200 millones de dólares, pero con el tiempo y las modificaciones, su costos se habrían casi triplicado.

La iniciativa contemplaba, además, una línea de transmisión de 2.000 kilómetros de extensión, para llevar la energía al centro de Chile.