El Gobierno de Nicaragua reprime a campesinos e indígenas, denuncia Amnistía Internacional

Arbitrario​Intimidación, ataques y detenciones arbitrarias son parte de los abusos

El gobierno de Nicaragua ha reprimido a campesinos, indígenas y afrodescendientes que se oponen a la construcción de un canal interoceánico, entre otras violaciones a los derechos humanos, afirmó Amnistía Internacional (AI) en su informe de 2015.

Los campesinos que viven en la ruta en que se prevé la construcción del canal - adjudicada una empresa china - han sido objeto de "intimidación, ataques y detenciones arbitrarias" por su oposición al proyecto, señala el informe dado a conocer este miércoles, en su capítulo sobre Nicaragua.


"Los defensores y las defensoras de los derechos humanos, así como los grupos indígenas, afrodescendientes, padecían amenazas e intimidación en represalia por su labor", consigna el informe dado a conocer este miércoles mundialmente.

"Algunos medios informativos y organizaciones de la sociedad civil (también) sufrían hostigamiento", agregó la organización humanitaria.

Según reportes de organismos locales de derechos humanos y de la sociedad civil, estas acciones se produjeron en el contexto de protestas públicas en que los afectados acusaron al gobierno de dar la concesión "sin su consentimiento libre" y sin saber que podrían ser desplazados, afirmó AI.

El gobierno otorgó la concesión a la empresa china HKND en junio del 2013 para enlazar el Caribe con el Pacífico con un canal de 278 kilómetros.

Según cifras oficiales, unas 27.000 personas serían desplazadas de sus territorios, entre ellos indígenas en la región del Caribe.

Además, el gobierno y grupos de simpatizantes "intentaban reprimir y estigmatizar" a grupos cívicos y medios de comunicación críticos con el partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en el poder, agrega el informe de AI.

Nicaragua negó en mayo de 2015 el ingreso a dos integrantes de la organización regional de derechos humanos Centro por la Justicia y el derecho Internacional (CEJIL) que asistían a un acto en pro de los derechos humanos, apuntó el informe.

AI, con sede en Londres, también recoge la preocupación de organismos locales y regionales de derechos humanos sobre abusos contra derechos de mujeres y niñas, incluida la prohibición total del aborto y su acceso a la justicia.