Ampliación de plazo para discutir Reforma Procesal Laboral no debe darse, advierten sindicatos

presión​Bloque sindical considera que el presidente Luis Guillermo Solís debe levantar el veto esta semana

Buscar 38 votos en la Asamblea Legislativa para ampliar el plazo de cuatro años y continuar con la discusión de la Reforma Procesal Laboral no es una opción para el bloque sindical Patria Justa.

El vocero de Patria Justa, Rafael Mora explicó que la mejor opción para que entre a regir la Reforma Procesal Laboral es que el presidente, Luis Guillermo Solís levante el veto que impuso su antecesora, Laura Chinchilla a esa ley el 10 de octubre del 2012.

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Para Mora, la posibilidad de buscar un acuerdo político que permita extender el plazo para la discusión en el Congreso por cuatro años más puede ser "riesgosa", ya que de no conseguirse los votos necesarios la Reforma Procesal Laboral sería archivada y fracasaría el proyecto que fue aprobado en segundo debate el 14 de setiembre del 2012 en el plenario.

Este lunes el bloque sindical Patria Justa enviará al presidente Solís una carta para reiterarle la necesidad de que la Reforma Procesal Laboral entre en vigencia luego de que el país se comprometió con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a subsanar y mejorar aspectos del actual Código de Trabajo.

Patria Justa está formado por ocho sindicatos del ICE, Recope, INS, Japdeva, la Caja y la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

La Reforma Procesal Laboral establece procesos abreviados y más ágiles para resolver las diferencias entre trabajadores y patronos en los Juzgados y Tribunales de Trabajo.

El objetivo de estos cambios es acortar el tiempo de las resoluciones civiles y judiciales sobre temas de trabajo para beneficiar al empleado.

Sin embargo, en octubre del 2012 la entonces presidenta Laura Chinchilla vetó la recién aprobada ley, porque consideró que el texto avala la posibilidad de huelgas en servicios públicos esenciales que afectan la vida, la seguridad y la salud de las personas.

De acuerdo con el ministro de la Presidencia durante la anterior administración, Carlos Ricardo Benavides, la Reforma Procesal Laboral impedía al gobierno contratar personal temporal para seguir brindando servicios en hospitales, puertos y servicios públicos esenciales.

El gobierno argumentó que el veto se debía a que la Reforma Procesal Laboral era contraria a la Constitución Política porque el Estado debe garantizar la continuidad de los servicios públicos esenciales incluso en caso de huelga.

Actualmente existen tres proyectos de ley en la corriente legislativa que pretenden subsanar los puntos señalados por la administración Chinchilla Miranda, para que durante las huelgas en servicios esenciales se pueda contratar personal temporal y para que la aprobación de una huelga se pueda dar por al menos el 50 por ciento de los agremiados a un sindicato y por la mayoría de personas presentes.