Antonio Álvarez libra pugna legal para poder tener contratos con el Estado en caso de ganar elecciones

Proceso​Contraloría rechazó en abril del 2014 una solicitud de levantamiento contra la prohibición para que presidentes y diputados suscriban contratos públicos

El candidato presidencial y exdiputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Antonio Álvarez Desanti, libra desde el 2014, una pugna legal para anular dos artículos de la Ley de Contratación Administrativa que en caso de ganar las elecciones del 2018, le impedirían a él y su familia mantener o suscribir contratos con el Estado.

Noticias Momumental publicó este jueves un artículo donde alerta sobre la lucha de Álvarez Desanti por traerse abajo la norma para mantener los negocios de sus empresas con instituciones de gobierno.

AmeliaRueda.com dio a conocer el 9 de febrero del 2015, mediante su investigación #AlquileresEjecutivos, que cinco sociedades anónimas, propiedad de tres familias, recibían el 24 por ciento de los ¢1.589 millones que paga el gobierno cada mes en alquileres de edificios.

La familia de Nuria Marín Raventós, esposa de Antonio Álvarez, es uno de los grupos beneficiados con el pago de alquileres mensual que hace el Poder Ejecutivo. De acuerdo con la investigación de este medio, la compañía Galletano S.A. alquila desde el 1 de mayo de 1968, el Edificio Raventós al Ministerio de Educación Pública (MEP) por ¢79 millones al mes -en 2015 cuando se publicó el reportaje-.

Otro de los alquileres lo hace la sociedad La Llacuna S.A. al Ministerio de Hacienda desde el 2006. La institución renta el Edificio La Llacuna donde laboran 472 empleados de la Dirección General de Aduanas y Tributación; el costo mensual del alquiler es de ¢65,5 millones mensuales del febrero del 2015.

Los contratos con el gobierno fueron firmados por Adriana Marín Raventós, presidenta de las sociedades Galletano S.A. y La Llacuna S.A., en ambas empresas Nuria Marín Raventós, aparecía como secretaria de la Junta Directiva.

El reportaje de este medio señala que Nuria Marín Raventós es fundadora de la Corporación Álvarez y Marín S.A. -empresa conjunta con su esposo Antonio Álvarez-, además ha participado en negocios turísticos, agropecuarios y de comidas rápidas con la adquisición de franquicias como Wendy´s (cerró operaciones en el país en diciembre del 2014) y Ckuck E. Cheese´s.

Corporación Álvarez y Marín S.A. incursionó desde 1995 en negocios de desarrollo inmobiliario, alquiler de oficinas y viviendas.

Camino legal

La resolución R-DCA-244-2014, emitida por la Contraloría General de la República (CGR) explica que el 17 de marzo del 2014, el entonces diputado electo por el PLN, Antonio Álvarez Desanti, presentó una solicitud de levantamiento contra la prohibición establecida en los artículos 22 bis y 23 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), con el objetivo de poder contratar con la administración pública.

Estos artículos prohíben a miembros de los supremos poderes, como el Presidente de la República, diputados, ministros y magistrados, y sus familiares, participar en contrataciones administrativas con el Estado.


Álvarez Desanti, quien asumió su puesto de diputado por el PLN el pasado 1 de mayo del 2014 hasta el 1 de mayo del 2017 cuando renunció para asumir la candidatura presidencial del PLN, intentó levantar la prohibición en la Contraloría, antes de ocupar su curul. El ente contralor rechazó la petición del ahora aspirante presidencial, el 25 de abril del 2014.

"De conformidad con lo expuesto y lo que disponen los artículos 22 bis incisos a y f y 23 de la Ley de Contratación Administrativa y 22 y 23 de su Reglamento, se deniega el levantamiento de prohibición que afecta a la empresas Álvarez y Marín Corporación", se extrae de la resolución de la Contraloría.

El 25 de noviembre del 2014, la Sala IV dio curso a una acción de inconstitucionalidad presentada por Álvarez Desanti para que traerse abajo los artículos de la ley que antes intentó levantar en la Contraloría.

Este medio contactó a Antonio Álvarez pero el equipo de prensa informó que se encuentra en reuniones durante toda la tarde, por lo que enviarían la posición oficial del candidato ante las consultas por este caso de forma escrita durante el jueves.


La acción de inconstitucionalidad presentada por el aspirante presidencial reza: "para que se declaren inconstitucionales los incisos a), f), h), e i) del Artículo 22 bis de la Ley de la Contratación Administrativa y el Articulo 254 inciso a) del Reglamento de la Contratación Administrativa, por estimarlo contrario al artículo 112 de la Constitución Política y el Artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como la libertad de empresa, el principio de igualdad y el principio de razonabilidad y proporcionalidad".

Antonio Álvarez presentó antes un recurso de amparo para anular los artículos de la Ley que le impiden mantener negocios con el Estado, pero ese recurso fue suspendido cuando envió la acción de inconstitucionalidad que se tramita bajo expediente 14-17508 ante la Sala I