Baja escolaridad y edad de trabajadores justifican pesca de arrastre, según INCOPESCA

La pobreza y avanzada edad de las personas que se dedican a las labores vinculadas con la pesca de arrastre son parte de las justificaciones que da el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) para crear nuevas licencias para el desarrollo de esta práctica.

El acuerdo AJDIP/474-2017 de la junta directiva de la entidad, la cual quedó en firme el pasado viernes, destaca el factor socioeconómico de esta población como una importante valoración a tomar pues sin esta actividad muchos se quedarían sin empleo.

"La baja escolaridad de los tripulantes y sus familiares, la falta de desenvolvimiento en otras actividades productivas y el hecho de que la mayoría de los pescadores tiene más de 40 años, son factores de un perfil socioeconómico que dificulta su reconversión laboral a otra actividad productiva", argumenta el INCOPESCA en el documento.

El presidente ejecutivo de la entidad, Gustavo Meneses, señaló que el Poder Ejecutivo es responsable de valorar esta situación pues el desempleo impactaría aún más las zonas costeras que ya se ven afectadas por este fenómeno.

El INCOPESCA estima que 3.756 personas están ligadas en toda la cadena de producción de la pesca de arrastre, incluidos tripulantes, trabajadores en centro de acopio, mujeres peladoras de camarón, comerciantes, entre otros. Un importante número en condición de vulnerabilidad.

"La mayoría de los pescadores y sus familias viven en comunidades consideradas de riesgo social en el cantón Central de Puntarenas y ante la eventual pérdida de empleo, siendo este el principal ingreso familiar, es donde el contexto social puede contribuir a aumentar la vulnerabilidad de estas personas", señala el acuerdo.

Aunado a lo anterior, regiones como el Pacífico Central cuenta con un 27,4 por ciento de hogares pobres mientras que la tasa de desempleo ronda el 10 por ciento, de acuerdo con datos del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN).

Según lo planteado por INCOPESCA, los salarios de las personas en la escala más baja de la actividad de pesca de arrastre es de ¢200 mil.

Organizaciones ambientalistas insisten en que el Estado debe ser responsable de atender socialmente a esta población y capacitarlas para que se dediquen a otros trabajos.

En el acuerdo se establecen 26 considerandos, incluidos temas de legalidad, donde INCOPESCA justifica la necesidad de extender nuevos permisos para la pesca de arrastre.

La entidad asegura que los nuevos requerimientos que se exigen en las embarcaciones cumplen con lo estipulado en el voto de la Sala Constitucional de agosto del 2013, la cual prohibió la actividad hasta que no existan estudios que señalen que se puede practicar sin los dañinos efectos que provoca al ambiente.